Josué Alvarado
El Gobierno de Carlos Alvarado ordenó el inicio de un procedimiento administrativo contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para determinar si hay incumplimientos en la concesión y uso de las frecuencias que permitirían el despliegue de redes 5G en Costa Rica.
A inicios de este año el gobierno también había anunciado un procedimiento administrativo contra la Radiográfica Costarricense (Racsa) por el mismo motivo: el uso que le están dando a las frecuencias de las que son concesionarias.
En el caso del ICE se le investiga por el uso del segmento de frecuencias de 2.500 MHz a 2.690 MHz. A Racsa por la banda de 3.425 MHz a 3.625 MHz.
“El Poder Ejecutivo instauró un órgano que será el responsable de establecer la verdad real de los hechos sobre posibles incumplimientos por parte del ICE, en relación con la concesión, el uso y la explotación de este segmento de frecuencias”, informó el Gobierno este lunes 28 de marzo.
País no da el paso y pierde millones
La red 5G permitiría a los costarricenses navegar en internet mucho más rápido que en la actualidad. Por ejemplo, las páginas durarían menos tiempo en cargar o requeriría menos minutos para descargar una película completa. También ofrece mayor facilidad para conectar aparatos, entre otros.
La marca de dispositivos inteligentes Omnia calculó que actualmente hay unas 500 millones de conexiones en todo el mundo. Ninguna está en Costa Rica debido a la imposibilidad del Estado en dar el salto.
La red 5G cambia la navegación en los hogares, pero también en la industria, el comercio, el sector salud y otros que se ven ampliamente beneficiados por las facilidades tecnológicas que esto representa.
Un estudio presentado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) señala que Costa Rica perdería ¢704.000 millones por la falta de decisión de implementar las redes 5G.
“No solo retrasa la llegada del servicio a la población, sino que se convierte en una barrera para que las empresas desarrolladoras de Tics puedan invertir en Costa Rica y generen fuentes de trabajo en muchos sectores de nuestra economía”, señaló el presidente del Consejo de Sutel, Federico Chacón.
El mismo estudio de Sutel señala que el simple hecho de no haber implementado la red 5G para el 2021 provoco que el país perdiera $321.000.000. Si para el año 2024 no ha ocurrido las pérdidas ascenderían a $1.134.000.000.
El panorama no es para nada prometedor. Sutel estima que se requieren de al menos dos años desde que se instruye el inicio del proceso de concurso hasta su refrendo, lo que quiere decir que es muy probable que el país llegue al 2024 sin la tecnología 5G.
El Observador hizo consultas a Racsa y al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.
