Josué Alvarado
La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), recomendó al Poder Ejecutivo derogar un decreto emitido en octubre del 2020.
Dicha comisión dice que el decreto firmado por el expresidente Carlos Alvarado impone una serie de condiciones en los concursos de contratación pública que pone en desventaja a ciertas empresas, lo que genera discriminación.
Se trata del decreto ejecutivo N° 42709-H-MEIC-MTSS-MINAE-MICITT, llamado “Medidas para incentivar la participación de empresas, pyme y empresas de la economía social en las compras públicas de la administración, según criterios de localización y sostenibilidad”.
Dicho articulado, establece entre otras cosas, que durante la selección de las empresas por contratar, el Gobierno Central podrá tomar en cuenta factores como la ubicación geográfica de la compañía oferente, si posee en su planilla personas con discapacidad o personas adultas jóvenes, entre otras.
“También, podrán considerarse factores que propicien una mayor sostenibilidad ambiental de la obra, producto o servicio que se va a adquirr, los que deberán estar basados en la ciencia y en la técnica”, dice el artículo 4 del decreto en cuestión.
El decreto también señala que deberá promoverse la participación de micro, pequeñas y medianas empresas.
El criterio de Coprocom
Para la comisión este decreto otorga absoluta discrecionalidad a las proveedurías institucionales para ponderar esos factores a considerar a la hora de la escogencia.
“Podría ocasionar la confección de carteles dirigidos a determinadas compañías, limitando la competencia y libre concurrencia en la contratación pública y los beneficios de contar con el mayor número de opciones”, informó la comisión a través de un comunicado de prensa.
Por su parte, la presidenta del órgano superior de la Coprocom, Viviana Blanco, señaló que “la administración debe colocar a todos los oferentes en igualdad de condiciones desde el inicio del procedimiento y hasta la adjudicación o formalización, por lo que no puede crear discriminaciones jurídicas ni de hecho entre ellas”.
La solicitud de la comisión señala que las regulaciones deben ir en la línea de una menor restricción para la competencia.
