Josué Alvarado
Diputados del Partido Liberación (PLN) y del Partido Liberal Progresista (PLP) piden a la Contraloría General de la República investigar al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien admitió a El Observador que este año tampoco cumplirán la ley que les obliga a trasladar un monto mínimo al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Los legisladores enviaron la petición este 26 de febrero a través del oficio AL-FPLN-22-OFI-040-2024, del cual este medio tiene copia.
Los diputados firmantes indican que les preocupa el “desmantelamiento de la inversión social por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo” y recuerdan que el fondo al que el Gobierno le está recortando recursos se destina a atender la pobreza.
“Solicitamos que se investigue sobre el incumplimiento por parte del ministro Nogui Acosta Jaén al mandato de no asignar a este fondo un monto menor al otorgado en el año 2019, establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, dice el oficio enviado a la contralora, Marta Acosta.
Declaraciones del jerarca
Los legisladores firmantes señalan que el pasado 14 de febrero el director general de Presupuesto Nacional, José Luis Araya Alpízar, emitió una certificación en la que corrobora que el Gobierno le está asignando a Fodesaf un monto menor al que establece la jurisprudencia.
Desde el 2018, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y un posterior criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) señalaron que cada año se debía destinar un monto igual o mayor a ¢255.583 millones.
Sin embargo, para el 2024, el Gobierno destinará únicamente ¢193.452 millones. La diferencia entre el monto legal y el asignado es de ¢62.000 millones.
En declaraciones dadas a este medio el ministro reconoció que este año el monto no subirá debido a falta de recursos económicos. Señaló que tal vez cumplirán el otro.
“Esperamos que en el presupuesto que se está elaborado para el 2025 incorporar un monto igual al 2019”, dijo el jerarca a este medio. “Necesitamos crear espacio fiscal para poder cumplir con esa asignación”, añadió.
Los diputados enviaron a la CGR las declaraciones que el ministro dio a El Observador días atrás.
“Resulta irracional que el Ministerio de Hacienda justifique el incumplimiento legal en la asignación de presupuesto a Fodesaf con la implementación de la ley N°9635 (…) La obligación de mantener el mismo presupuesto, como mínimo, para el año 2019, se incluyó en la ley con el objetivo de no dejar sin financiamiento los derechos sociales que se garantizan por medio del fondo”, dice el oficio enviado a la CGR.
Los legisladores solicitan determinar si existen eventuales responsabilidades administrativas o penales por parte de las personas funcionarias del Ministerio de Hacienda y del jerarca.
La denuncia fue promovida por la diputada del PLN, Montserrat Ruiz Guevara y firmada por:
- José Francisco Nicolás del PLN
- Óscar Izquierdo del PLN
- Alejandra Larios del PLN
- Gilberth Jiménez del PLN
- Kattia Cambronero del PLP
- Jorge Dengo del PLP
El diputado del Partido Frente Amplio Jonathan Acuña dijo la semana anterior que también tomarán medidas legales contra esta decisión del Gobierno.
Por su parte, la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Vanessa Castro considera que el ministro podría ser procesado por el delito de “incumplimiento de deberes”, tras admitir el recorte presupuestario.
Director de Fodesaf también reconoce “incumplimiento legal” en entrevista con El Observador
El director de Fodesaf, Luis Ávalos, aseguró que hay un “incumplimiento legal” por parte del Gobierno debido a que no le trasladan el presupuesto mínimo establecido por la ley para atender a la población en condición de pobreza.
Ávalos confirmó que esta situación se da desde el año 2020 y por todos los posteriores. Es decir, tanto en la administración Alvarado Quesada como en la actual.
A pesar de que él ocupa el cargo desde julio del 2022, nunca denunció lo que estaba ocurriendo en la vía judicial.
De hecho, a pesar de que él mismo reconoce que se trata de un incumplimiento legal, justifica al Ministerio de Hacienda. Dice que por una cuestión de “posibilidad real” la cartera no puede cumplir con el mandato legal.
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