Josué Alvarado
El consorcio Dekra, elegido por el Gobierno para brindar el servicio de inspección vehicular de forma temporal en Costa Rica, no demostró tener la capacidad financiera requerida en el concurso para elegir a las compañías que operarán de forma definitiva a partir de octubre del 2024.
Dekra fue una de las tres empresas que participó en la primera fase del concurso y la única que no cumplió con este requisito de admisibilidad.
Así consta en el documento CSV-DE-CEP-0003-2023 llamado Análisis de ofertas de la Licitación Mayor 2023LY-000002-0058700001, solicitado por El Observador al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
Según el análisis realizado por la Dirección Financiera del Cosevi “el Consorcio Dekra no cumple con tres de los cuatro requisitos de admisibilidad financiera establecidos, correspondientes al periodo 2022″.
Debido a esto, su propuesta es inadmisible.
La segunda compañía participante fue la alemana TÜV Rheinland Cretio, S.L., cuya propuesta tampoco es admisible porque incumplió con los requisitos de admisibilidad técnica, relacionados a la cantidad de inspecciones que han hecho en sus años de experiencia.
La tercera propuesta, y única admisible, es la del Consorcio Applus CR, apoderado de Riteve SyC y que fue la que dejó de ofrecer el servicio cuando el Gobierno decidió escoger a Dekra y otorgarle un uso precario, o bien, temporal.
“Se concluye que únicamente uno de los oferentes (Consorcio Applus CR) cumple a cabalidad con los requisitos de admisibilidad establecidos para el procedimiento licitatorio”, concluye el oficio elaborado por una comisión evaluadora.
El informe emitido el pasado 2 de noviembre es firmado por Alejandro Delgado Fernández y Juan Pablo Mora Mena.
El 19 de setiembre anterior cerró el plazo para que las empresas concursaran en una primera etapa de precalificación. Esperaba un grupo grande de empresas debido a que el objetivo era escoger a las mejores cinco para una segunda etapa.
En junio del 2022, cuando se escogió a Dekra, participaron 11 empresas en el concurso. Sin embargo, en esa ocasión bajó a tres y solo una propuesta resultó admisible.
De esta forma, no se pudo cumplir el objetivo de la primera etapa del concurso, que era elegir a cinco empresas. Y tampoco se va a poder cumplir el fin de la contratación, que era la elección de dos empresas que finalmente operarían a partir de octubre del 2024.
Un informe elaborado por la Dirección Financiera de Cosevi concluyó el 27 de setiembre anterior que Dekra cumplió con los requisitos de admisibilidad financiera correspondientes al 2021. Pero no así cuando las mediciones se hacen con los datos del 2022.
El Consorcio Dekra no cumplió los parámetros establecidos en los rubros de razón circulante, índice de prueba ácida ni capital neto de trabajo para el 2022. Cumplió con el cuarto relacionado al índice de deuda total.
En el 2022 hubo una desmejora de estos índices, pues un año antes, en el 2021, los resultados sí eran aceptables según los criterios del cartel.
“Solo una queda admisible”
La conclusión a la que llegó la comisión evaluadora de la licitación el 2 de noviembre dice únicamente que Applus CR es la que cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el proceso licitatorio.
Pero el 9 de noviembre la responsable de la Unidad de Licitaciones de Cosevi, Vanessa Rodríguez solicitó a los miembros de la comisión ampliar su criterio sobre los resultados. Esto con el fin de que la Comisión Evaluadora de Ofertas de Cosevi tome una decisión definitiva.
Rodríguez hizo esta solicitud a través del Sistema de Compras Públicas (Sicop) “considerando que dos ofertas quedaron inadmisibles y solo una queda admisible”.
En la petición para que amplíen el criterio también señala que como no se pudo promover una mayor participación y como resultó una única oferta precalificada la Administración podría declarar desierto el proceso.
“Hay elementos para declarar desierta la precalificación, de acuerdo con el propósito de esta y la forma como debe elegirse en la segunda etapa”, dice otro criterio, en este caso de Juan Pablo Mora Mena, de la asesoría legal.
El director de la Dirección Financiera, Sergio Valerio, también emitió su criterio, en el sentido de que será la Comisión Permanente de Licitaciones la que emita la recomendación final, sobre la cual decidirá la Junta Directiva de Cosevi.
“Existen diferencias de opiniones entre los miembros que la conforman (la comisión)”, escribió Valerio.
Desde octubre del 2022 y hasta la actualidad Dekra opera bajo la figura de uso en precario, que se usa como un contrato temporal en momentos en los que se requiere de una solución urgente mientras se resuelve una contratación definitiva, como en este caso.
Al finalizar el contrato de la empresa RTV, el Gobierno decidió usar ese permisionario, con el fin de que el país mantuviera la inspección mientras se realiza todo el proceso de licitación y concesión.
El MOPT habló que este permisionario estaría brindando el servicio por un plazo de dos años, pero la figura permite que el tiempo pueda ser menor y sin riesgo a un proceso legal contra el Estado. El plazo finalizaría en octubre del 2024.
El Observador solicitó una reacción al Consorcio Dekra. Sin embargo al cierre de esta edición no hubo respuesta. También se le pidió criterio a la directora ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y representante legal de esta contratación, Cindy Coto Calvo, quien respondió: “No puedo referirme al tema por estar en análisis”
