Hermes Solano
El pasado 27 de mayo se presentó una denuncia en contra de la exfiscala general, Emilia Navas y otros funcionarios del Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia la presentó el abogado Simón Angulo en condición de denunciante y querellante, en favor de tres personas de apellidos Madrigal Rímola, Naranjo Vargas y Godínez Abarca.
El hecho tiene que ver con el Caso Cochinilla, que destapó una supuesta red de corrupción entre funcionarios de Conavi y las empresas H. Solís y MECO.
Según Angulo, desde hace cuatro meses comenzó a analizar los expedientes del caso y de tres procesos anteriores que derivaron en Cochinilla, para sumar elementos.
Uno de los principales fue el de las intervenciones telefónicas autorizadas para investigar el caso, que solo se hace en temas de crimen organizado.
La denuncia contra Navas se da porque hay inconsistencias en las fechas de las firmas de la autorización de las intervenciones y el de la inhibitorio del caso por parte de la exfiscala general Navas.
Navas es la esposa de Francisco Campos, abogado de MECO, por lo que hubo muchas críticas respecto a la investigación y finalmente tuvo que inhibirse del caso.
En la denuncia se indica que en los procesos anteriores que derivaron en Cochinilla, Campos no aparecía como abogado de ninguna de las dos empresas, por lo que Navas no tenía porqué inhibirse.
El abogado afirma que todo lo dicho en el tema de intervenciones telefónicas es falso.
“El objetivo es que se haga una investigación y se determine si eso es ilegal o no”, señaló Angulo.
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Denunciados
Junto a Navas, están denunciados Glen Calvo, fiscal adjunto de Probidad y Anticorrupción, así como las fiscalas Paula Guido y Criss González, además del juez Juan Pablo León, quien trabaja en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial.
En la denuncia, presentada con las pruebas pertinentes, según el abogado, se detalla que tanto Guido, como González firmaron órdenes de intervención telefónica sin que Navas estuviera ausente de sus labores.
Incluye un documento donde se detalla la firma de una intervención por parte de Navas y tres horas después una fiscal adjunta firmó otra intervención, lo que deja dudas de la legalidad de la actuación.
“No estamos atacando, el eje central es que lo que informaron para realizar la intervención telefónica, es falso”, dice el abogado.
“Una vez que el denunciado Glenn Calvo Céspedes obtiene la resolución de declaratoria de crimen organizado, de fecha 8 de octubre de 2019, ante el juez denunciado y querellado José Pablo León Vázquez, se procede a solicitar junto con la denunciada y querellada Guido Howell, a la primera intervención telefónica a sabiendas que no existía inhibitoria de la Fiscal General en ejercicio Emilia Navas Aparicio y de las cual sabe qué es el único funcionario junto al director del Organismo de Investigación Judicial que tienen la potestad legal y constitucional para solicitar y gestionar una intervención telefónica”, dice parte de los hechos.
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Recibida
La denuncia fue recibida por la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia el 27 de mayo.
Según Angulo, si lo presentaba en la Fiscalía General se lo iban a denegar porque no es un caso de personas de Supremos Poderes; tampoco en la Fiscalía de Probidad porque el denunciado es el fiscal adjunto.
El abogado dijo que desde la Corte se ordenó que se le diera trámite a la denuncia y fue remitida al Fiscal General interino Warner Molina.
“Del estudio que hice sí hay irregularidades, que podrían ser delito”, confía el denunciante.
