Mariana Mena
Desde este martes los costarricenses pueden percibir un aumento en los pasajes de autobús, los mismos aumentaron entre 2,5% y 9,5%.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) efectuó el ajuste extraordinario para el segundo semestre de este 2022.
De esa forma las tarifas experimentan un aumento entre ¢5 y ¢370, mismo que rige este martes, tras la publicación en el Diario Oficial La Gaceta el lunes.
Según explicó el intendente de Transportes, Edward Araya, originalmente el porcentaje de alza solicitado ante la Aresep era de 9,5%.
No obstante, al haberse otorgado en meses pasados un ajuste por ‘emergencia’, se aprobó un 2,5% en las rutas que cumplieron con los requisitos de ley.
“Los precios ya habían aumentado un 6% en junio para algunas rutas, sin embargo, algunas se quedaron por fuera de este ajuste al no contar con algunos requisitos en ese momento”, indicó el intendente.
Ante esto de las 379 rutas con tarifa autorizada, solo 190 fueron elegibles para realizar el ajuste, según la determinación de Aresep.
La ruta con el incremento más alto, corresponde a San José-Los Chiles-Frontera Norte, el costo de pasaje pasó de ¢4.250 a ¢4.620, un incremento de ¢370.
Subsidio tarifario
El Gobierno indicó desde mayo que una de las medidas para compensar el aumento en el precio de los combustibles sería la utilización de un préstamo por $200 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El dinero se utilizará para subsidiar las tarifas de autobús. Fue el pasado 3 de junio, que el BCIE avaló el otorgamiento del crédito que deberá ser autorizado por el Congreso.
La Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) señaló que se conformó una Comisión a cargo del Ministerio de Hacienda para dar un informe y determinar la factibilidad del subsidio.
“Si queremos minimizar el impacto en las tarifas del usuario, necesariamente vamos a tener que hablar de subsidios”, advirtió Silvia Bolaños, directora de Canatrans.
Además amplió con que el subsidio debe de ser una determinación del Gobierno.
“No es un subsidio al operador, sino al servicio para que el usuario con una fijación tarifaria si tiene un aumento de ¢150 en la ruta, no tenga que pagarlos y el Estado asuma ese incremento”, justificó.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda dijo con anterioridad que la idea es crear un mecanismo para generar un impago que se estaría haciendo en función del número de pasajeros transportados.
Acosta señaló que la diferencia tarifaria debería de ir directo a las empresas y no a las personas porque “no necesariamente podemos trasladarlo directamente a ellos”.
El BCIE está abierto al mecanismo que el país decida para utilizar estos recursos destinados específicamente al impacto en el incremento de los combustibles.
