Josué Alvarado
En Costa Rica existen 204 impuestos que son cobrados tanto por el Gobierno Central como por las municipalidades. Sin embargo, es tanto el desorden y la falta de datos que no se sabe cuánto se recauda a través de 97 de estos tributos. En otros 26 casos, los reportes dicen que la recaudación es ¢0.
Por otro lado, el 87% de los impuestos tiene un destino específico, es decir, la ley que los creó establecía el fin para el cual se utilizaría el monto recaudado. Esto quiere decir que la mayor parte de la recaudación no va a la Caja Única del Estado.
Además, en el 47% de los tributos la ley no estableció mecanismos para controlar la recaudación, lo que atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas.
Estos son algunos de los hallazgos del Programa Estado de la Nación, en el cual un grupo de investigación estudió la cantidad de impuestos que se habían aprobado desde el año 1885 y sus características.
Sin embargo, la investigadora Pamela Jiménez reconoció que uno de los retos es que ni el Ministerio de Hacienda, ni la Contraloría General de la República (CGR), tienen datos ordenados sobre la recaudación de cada uno de ellos.
Debido a esto, el análisis se basa en la cantidad de impuestos y sus características, pero todavía no se ha podido determinar cuánto se recauda con todos ellos y cuánto peso tienen en la generación de ingresos para el Estado.
“No tenemos información y no existe información pública que pueda sistematizar el peso que significa esto (cada uno de los impuestos)”, señaló Jiménez.
Según la investigadora, la Asamblea Legislativa aprueba en promedio tres impuestos por año. Durante los últimos cinco años han entrado en vigencia:
- Licencias comerciales o patentes para los cantones de San Pablo de Heredia, Moravia, Atenas, Rio Cuarto, San Mateo, San Rafael y Sarapiquí
- Impuesto al comercio al aire libre
- Utilidades por la actividad del cannabis para uso medicinal
- Impuesto al vapeo
- Ventas del cemento
La investigadora del Estado de la Nación explicó que con los datos disponibles se puede concluir que la estructura tributaria del país está recargada en los impuestos a la venta de bienes y servicios. También que los gobiernos locales son las principales entidades cobradoras de impuestos.
“La eficiencia de los impuestos no se puede determinar porque no se sabe cuánto se está recaudando”, comentó el director del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullel.
Jiménez y Vargas participaron este martes 20 de febrero en la Comisión de Hacendarios en la Asamblea Legislativa, para exponerle a los diputados la falta de información tributaria que padece el país y que afecta la toma de decisiones sobre el mismo tema.
1.483 exoneraciones; algunas no cumplen los requisitos
El análisis tributario hecho por el Estado de la Nación también concluye que en el país se han aprobado 1.483 exoneraciones, con corte a diciembre del 2023. En los últimos 20 años, se han establecido, en promedio, 17 por año.
Tanto Pamela Jiménez como Vargas Cullel consideran que a lo largo de los años los diputados han aprobado exoneraciones que incumplen con los requisitos de ley, lo que incide en el desorden actual.
Algunos de los requisitos que no se cumplen son que al aprobarse las exoneraciones no se establecen los debidos mecanismos de control, o bien, no se les establece un plazo de vigencia.
Al igual que en el estudio de impuestos, la falta de información sobre exoneraciones no permite saber cuánto pierden las arcas del Estado, es decir, no se sabe el monto exacto que se está exonerando.
Vargas Cullel dice que en el escenario actual habrá que hacer investigaciones más profundas para conseguir los datos faltantes. Señaló que será necesario ir “institución por institución” para determinar tanto los montos recaudados como los exonerados.
Por otro lado, considera que se debería de crear un sistema nacional de registro tributario de forma tal que toda la información relacionada a los impuestos esté disponible y accesible para la ciudadanía.
