Hermes Solano
La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para investigar el faltante de ¢3.200 millones que dio a conocer el Banco Nacional semanas atrás.
Con el voto de los seis legisladores presentes en la sesión del órgano, se investigará lo sucedido con ese dinero, que “desapareció” de la bóveda de la entidad bancaria.
Junto a la investigación, se aprobó traer en audiencia a varios funcionarios del banco, entre ellos el gerente general, Bernardo Alfaro, así como al subgerente de operaciones, Jaime Murillo y al director de Seguridad e Investigación, David Villalobos.
También, deberán presentarse ante los legisladores las siguientes personas:
- Jefe de área de administración de numerario del último año
- Jefe de control interno
- Auditor interno general
- Auditor externo
- Jefe de supervisión del área de administración de numerario
- Jefe de supervisión de Tesorería General
“El señor Bernardo Alfaro dejó pasar más de 20 días para presentar la denuncia ante el Ministerio Público. A mi criterio, don Bernardo le falló a los clientes y a los costarricenses”, consideró el diputado del PLN, Francisco Nicolás.
“Debe renunciar al puesto”, añadió.
Alfaro estaba convocado este miércoles a ese foro legislativo para abordar el caso de los datos solicitados por el Banco Central a entidades financieras, sin embargo pidió a los diputados reprogramar la audiencia.
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Comisión legislativa aprobó investigar presunta sustracción de dinero del Banco Nacional (Asamblea Legislativa)
Siete implicados
El 24 de octubre, las autoridades del Banco Nacional dieron a conocer de manera oficial la desaparición del dinero, por lo que llevaron el caso al Ministerio Público.
Hasta el momento hay siete sospechosos, seis funcionarios suspendidos y uno más que se jubiló.
Las personas denunciadas son supervisores del área, técnico, custodio y un contador. Se les denunció por los presuntos delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
El gerente interino del banco, Javier Murillo, explicó que el dinero que se resguarda en esta área es de sus clientes, recogido por los proveedores externos y llevado hasta el banco donde se mantiene bajo custodia.
“El cómo no lo tenemos todavía (…) No hemos logrado determinar cómo fue la salida o la sustracción”, señaló Murillo, en el momento de la conferencia de prensa.
La fiscalía maneja como tesis principal la posible sustracción de los poco más de ¢3.000 millones.
El Consejo de Gobierno también abrió el martes una investigación preliminar para determinar posibles responsabilidades de los miembros de junta directiva.
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