Redacción El Observador
Los diputados miembros de la Comisión Especial Desarrollo de la Infraestructura del País acordaron investigar el proceso de adjudicación de un permiso en precario para ofrecer el servicio de la revisión técnica que se otorgó a la firma alemana Dekra.
También indagarán la emisión de un decreto ejecutivo que permite a esta firma cobrar la tarifa completa de un servicio de inspección vehicular cuando presente dos o más faltas en lugar de cobrar la tarifa de reinspección fijada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Técnicos.
Esto “presumiblemente habría generado un beneficio a tal empresa, en perjuicio del interés público”, dice la moción aprobada por unanimidad por los diputados miembros de la comisión legislativa e impulsada por la diputada liberacionista, Carolina Delgado.
Los legisladores acodaron, como parte de este proceso, llamar a comparecer al ministro del MOPT, Luis Amador Jiménez, al procurador general de la República Iván Vincenti Rojas, así como al regulador general Erick Bogantes y a Edward Araya, intendente de Transporte; ambos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. También llamarán en audiencia a a Cindy Coto Calvo, directora ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial.
El 24 de agosto del 2022 el Gobierno anunció que la firma alemana Dekra sería la encargada de dar el servicio de inspección técnica de vehículos en el país, por un período de dos años y bajo un modelo de servicio de uso en precario.
El 25 de octubre de ese mismo año, el Gobierno emitió el decreto N. 43557-MOPT mediante el cual se modificó parcialmente el reglamento de la RTV para que los vehículos paguen una tarifa completa cuando deban hacer la reinspección y tengan dos o más fallas graves.
Según el informe de una comisión especial la oferta que presentó Dekra no cumple con el requisito de capacidad financiera. (Foto Archivo/El Observador)
Licitación mayor
El permiso en precario otorgado a Dekra vence en octubre del próximo año. El Gobierno mencionó la opción de prorrogar este permiso si es necesario.
Esto por cuanto el Gobierno debe elegir al menos dos firmas para operar mediante una licitación mayor.
El Cosevi impulsó un proceso de preselección de proveedores para este servicio pero solo tres firmas se presentaron como oferentes.
De acuerdo con el análisis técnico realizado por una comisión especial de esas tres firmas solamente una cumple con los requisitos solicitados.
En este proceso técnico previo y de acuerdo con la información disponible se señaló que Dekra, obtuvo la calificación más baja y no cumplió con los requisitos de capacidad financiera que impuso la misma administración. Por esto su propuesta fue inadmisible.
Tampoco pasó la primera etapa la alemana TÜV Rheinland Cretio, S.L., por deficiencias en la cantidad de revisiones vehiculares que había ejecutado a lo largo de su experiencia.
Una sola empresa de las tres que participaron, El Consorcio Applus CR, resultó admisible en la etapa de precalificación. Esta es una apoderada de la española RTV, que era la que operaba cuando el Gobierno eligió a Dekra.
La determinación final sobre qué pasará con este proceso de preselección la deberá tomar el Cosevi.
