Paula Ruiz
Los diputados que integran la Comisión de Asuntos Sociales concretaron un impuesto de 20% a vapeadores, sus accesorios y bienes complementarios.
Eso se materializó a través de una moción durante el segundo período para presentar enmiendas en este foro legislativo.
Inicialmente se pretendía que el tributo fuera de 40% aunque los congresistas de dicho panel llegaron a un consenso para bajarlo.
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“Nos parece importante bajar el impuesto para que sea ‘más potable’ el proyecto que atiende una situación de salud pública y un asunto de prevención de adicción al fumado y otros aditamentos que afectan salud de personas jóvenes”, afirmó Catalina Montero, diputada del PAC.
Montero junto al liberacionista Luis Antonio Aiza son los impulsores de este proyecto que se tramita con el expediente 21.658.
La diputada Catalina Montero defiende el tributo con el fin de beneficiar la salud pública. Foto. Asamblea Legislativa.
Para la CCSS
La congresista justifica el gravamen por el costo para la salud pública de financiar caros tratamientos médicos a personas fumadoras.
Con este criterio coincide Xiomara Rodríguez, diputada de Restauración Nacional y presidenta del foro legislativo.
“Este proyecto tiene como objeto principal proteger la salud de los costarricenses”, afirmó Rodríguez.
Con el tributo se pretende desincentivar el uso de aparatos y con la recaudación se busca fondos a la Caja Costarricense de Seguro Social para la compra de medicamentos de alto impacto financiero.
Al culminar este trámite de mociones en la Comisión Legislativa, continúa su paso hacia el Plenario con vísperas de su trámite de primer y segundo debate.
Mercado informal
Desde la Cámara de Comercio advierten que el impuesto podría incentivar el mercado informal lo cuál podría ser aún peor para la salud pública.
Pese a la rebaja en el tributo, los comerciantes consideran que sin importar la tarifa “detonará más comercio ilícito e informalidad”, según Jairo Mena, vocero del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio.
“Terminará empujando a que los costarricenses arriesguen su salud consumiendo estos productos en un mercado ilegal que no los regula”, agregó.
El número de usuarios en Costa Rica se estima en cerca de 70.000 personas, según datos de la Asociación Costarricense de Vapeadores (Asovape).
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