Hermes Solano
El anuncio del presidente Rodrigo Chaves sobre la presentación del proyecto de ley para eliminar la Ejecución Condicional de la Pena en casos de corrupción generó diversas reacciones entre los diputados de la Asamblea Legislativa.
Será ahí donde se discuta la iniciativa, que todavía no ha sido analizada por los legisladores, pero algunos ya tienen un criterio inicial.
El objetivo del Gobierno es que quienes cometan actos de corrupción en la función pública no accedan al beneficio que se les da a aquellas personas que reciben penas de cárcel de tres años o menos.
Consultados los diputados de diferentes fracciones, hubo criterios divididos, siendo la mayoría enfáticos en que primero hay que leer el proyecto y determinar los alcances que tiene.
Algunos, eso sí, como Gloria Navas de Nueva República, consideró que son posiciones extremas que tiene el Gobierno.
“Son ocurrencias sacadas de la manga. En principio no estoy de acuerdo con esa posición, que son extremas”, dijo Navas, abogada de profesión.
La legisladora asegura que hay que “razonar con sumo cuidado, tomando en cuenta las experiencias pasadas y medir los números exactos con relación a los casos que se ha otorgado esos beneficios”.
Otro que se mostró crítico fue el liberacionista Francisco Nicolás, quien asegura revisarán con lupa el texto, esperando que sea un tema serio.
“Si es una propuesta seria aquí tendrá apoyo, pero si es un acto más de pirotecnia de esos que hacen en Zapote, aquí no caminará”, señaló.
“Cuando venga lo veremos, va a ser revisado con dos lupas, una en cada mano”, añadió.
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Revisar de pies a cabeza
En el PUSC y el Partido Liberal Progresista (PLP) enfatizaron en la revisión que se debe hacer de la iniciativa anunciada por el Gobierno el miércoles.
“Estamos en estudio de los alcances de esta iniciativa que recién se presentó ayer. Lo que está claro es que debemos combatir de frente la corrupción en todos los ámbitos, públicos y privados”, indicó el socialcristiano Felipe García.
Por su parte, Jorge Dengo, considera que podría haber roces de constitucionalidad en el proyecto.
“Porque sí se ha definido que para ciertos delitos de corrupción las penas sean de menos de tres años, por qué se va a excluir a esos delitos de un beneficio de ejecución condicional que tienen otros con penas menores de tres años, eso podría tener un roce de constitucionalidad”, señaló.
García señala que hay que revisar que la iniciativa no genere desigualdades, esto porque la facultad de dar el beneficio de ejecución condicional de la pena la tienen los jueces.
Evaluar penas
Uno de los criterios dados por los legisladores es que, si se quiere ser más fuerte con los delitos de corrupción, lo que se tiene que buscar es endurecer las penas.
“Creo que si el Gobierno quisiera hacer algo en ese sentido, yo diría que evalúen si las penas en delitos de corrupción deberían ser mayores a tres años, en cuyo caso no cabría el beneficio de la ejecución condicional de la pena”, explicó Dengo.
En ese sentido, el verdiblanco Nicolás recordó que él presentó un proyecto de ley en esa vía, en el que propone penas más duras para todos aquellos funcionarios que cometan actos ilícitos.
“Lo más importante es que este diputado puso a despacho un proyecto para endurecer las penas en casos de corrupción en la función pública y no me lo convocan”, indicó.
