Tomás Gómez
La acusación contra el expresidente Luis Guillermo Solís por el caso Bancrédito no pasó desapercibida para Estados Unidos; pero el politico refuta la manera en la que llegó esa información.
El Departamento de Estado de la nación norteamericana prepara anualmente una memoria sobre los Derechos Humanos en cada país. Uno de sus componentes es el factor de transparencia en la función pública y su debido manejo.
“El 30 de junio, el Fiscal Anticorrupción acusó al expresidente Luis Guillermo Solís (2014-18) y a cuatro miembros de su administración de participar en una transferencia de fondos gubernamentales en 2017 a un banco estatal; para intervenir y tergiversar la liquidez financiera del banco en beneficio de la percepción política de la administración en ese momento”, anota el Departamento de Estado.
Al respecto, Solís emitió un pronunciamiento donde refuta las anotaciones del documento y señala directamente a la representación diplomática norteamericana en San José.
“Lamento mucho que la información reportada por la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica al Departamento de Estado haya sido errónea; omisa, sesgada y lesiva de la imagen de nuestro país y la honra de quienes hemos tenido el privilegio de servirle”, sostuvo.
Solís destaca otras aristas
El exmandatario aduce que no se aclara que la investigación, conocida como el caso Bancrédito, está en etapas previas y que él se ha mantenido cercano al trámite judicial.
“A partir de un superficial análisis y de una ambigua redacción, el documento en cuestión lesiona gravemente la presunción de inocencia y mi derecho al debido proceso, así como el de las demás personas investigadas en este caso”, sostuvo.
“No menciona ni subraya el reporte que, en Costa Rica, un expresidente y otros altos funcionarios, cuestionados por una acción adoptada en ejercicio de su cargo, se han sometido a la justicia sin atacarla, sin intentar debilitarla, sin rehuir a su deber ciudadano de rendición de cuentas, solo con los instrumentos que ofrece la ley a cualquier persona y con plena confianza en la independencia de criterio de los jueces de la República”, amplió.
Solís defendió que el “el costo de oportunidad de no actuar en esa forma no lo podía asumir nuestro país”; hablando a la vez del sistema de rescates bancarios que han asumido otros países.
El caso del Canciller también figura
La otra noticia que llamó la atención de Estados Unidos fueron las pesquisas de Fiscalía como parte de la investigación por el financiamiento de la campaña que llevó al poder al actual presidente, Rodrigo Chaves.
“El 17 de agosto, el Fiscal General registró los locales de un despacho de abogados del que el Ministro de Asuntos Exteriores era anteriormente socio director; en el marco de una investigación relacionada con una supuesta estructura de financiación paralela de la campaña electoral de 2022 del Partido Progreso Social Democrático”, puntualizan.
Se trata de gestiones aplicadas en unas oficinas en Los Yoses.
Durante una entrevista en la gira que atiende por Madrid, al diplomático le preguntaron precisamente sobre el caso. Al respecto defendió su proceder y cómo avanzan las investigaciones.
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Ahí defendió la línea de que las actuaciones previas se hicieron cuando Chaves no era aspirante formal.
“Cuando hicimos el fideicomiso ni siquiera existía un partido político para lanzar una candidatura. Es decir, el Código Electoral no aplicaba”, contestó.
Sostuvo que “no fue una estructura paralela, sino secuencial” y confirmó que se está aplicando el levantamiento del secreto bancario.
“Ya está, ya lo tiene, la Fiscalía lo levantó. Y por supuesto, no hay ningún problema”, respondió en un foro en la Casa de América, en España, liderado por la agencia de noticias EFE.
Más anotaciones de EE.UU.
El Informe de Derechos Humanos se despliega de forma anual para cada país.
En el caso costarricense se acota que no hubo muchas variaciones desde la última evaluación, pero se llama la atención por factores como:
- Hacinamiento carcelario
- Quejas por el manejo de pauta estatal a manos del SINART
- Detenciones de manifestantes en algunas protestas
- La violencia contra mujeres y niñas, incluyendo el acoso callejero
Entre los puntos positivos se incluyó la atención que se brinda a los migrantes y que se siguen dando elecciones libres y justas en el país.
También, el Departamento de Estado de EE.UU. resaltó la aplicación de normas que garantizan la participación paritaria de las mujeres en política.
