Desde la Columna
Juan Carlos Quirós. Ex director de Crédito Público
La inversión pública en América Latina y Caribe (ALC) ha sido duramente afectada por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con la actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), para este año se prevé que la mitad de los países de la región reduzcan el gasto de inversión entre 0,1 y 2,8 p.p. del PIB.
Esta disminución se adiciona a otras dos características preocupantes, invertimos poco y con escasa eficiencia. Así las cosas, ingresamos a una crisis sanitaria y económica con una brecha significativa en inversión, y con debilidades en la ejecución en los proyectos de infraestructura.
Según el FMI “una vez que la pandemia esté controlada, el estímulo fiscal general para respaldar la recuperación podría centrarse en la inversión pública, incluida la infraestructura física y digital, los sistemas de atención de la salud y la transición a una economía de bajo nivel de emisiones de carbono”.
En efecto, la inversión en infraestructura tiene un impacto directo en el crecimiento económico, como parte de la formación bruta de capital fijo, e indirecto como medio para aumentar la productividad.
En particular, estudios recientes del Banco Central de Costa Rica sobre el impacto de la inversión en el crecimiento económico, indican que un incremento en la inversión pública del orden de USD 500 millones, genera que el Producto Interno Bruto (PIB) aumente en torno a 1,23%, con el consecuente efecto positivo en el mediano plazo en el crecimiento potencial.
Por lo cual, durante la post-pandemia, dados los efectos favorables identificados que produce la inversión, se estima que existirá presión por aumentar la inversión pública para acelerar la recuperación económica y fomentar el empleo.
Costa Rica, en particular, enfrentará un gran desafío, pues tendrán poco espacio fiscal para aumentar la inversión pública mediante presupuesto nacional, como resultado del deterioro que ha sufrido en el balance fiscal por la atención de la pandemia, con el consecuente, aumento en la razón de deuda a PIB.
Por ende, uno de los grandes retos de los planificadores de nuestro país, será racionalizar el portafolio actual de proyectos de inversión, mediante el uso de metodologías que faciliten los criterios técnicos y transparencia, a la hora de priorizar los proyectos que se ejecutarán en el periodo post-pandemia, primero, en el corto plazo, aquellas obras que serán las encargados de contribuir a generar empleo y mayor dinamismo económico, y en el mediano y largo plazo, aquellas que coadyuvarán a la transformación de la fisonomía estructural del país.
Si bien la infraestructura seguirá siendo crítica para el crecimiento y la calidad de vida de los costarricenses, nuestro gobierno en este momento tiene que prepararse para reevaluar y priorizar su portafolio de proyectos de inversión, incluidos aquellos que se están formulando o que se encuentran en procesos de licitación.
Vale mencionar que, en el corto plazo la estrategia para la reactivación debería contemplar entre otras alternativas, la ejecución de aquellos proyectos en fase avanzada de pre inversión, la estructuración de programas de construcción de viviendas, mantenimiento de vías y la ejecución de obras rurales, que son de rápida ejecución, implican la contratación de mano de obra y tiene un retorno alto para la sociedad.
Por su parte, para un mayor plazo, dada la restricción fiscal que enfrenta el país, será la delegación de la gestión de infraestructura pública mediante contratos de Asociaciones Público Privada, en particular, para aquellos proyectos con menores compromisos fiscales y se encuentren estrechamente vinculados con la visión de largo plazo del país. En ese sentido, la complementariedad del financiamiento privado, permitirá al Estado construir y administrar infraestructura clave, y su vez, liberar recursos para reorientarlos a programas prioritarios de alto retorno a la sociedad, y con el tiempo, generar un clima creciente de confianza entre el sector privado y público.
Finalmente, el proceso de selección y priorización de los proyectos de infraestructura que conformarán la cartera para enfrentar el nuevo contexto post covid-19, será de gran relevancia, dado el impacto que éstos puedan tener, primeramente, en el periodo de reactivación económica y segundo, en la transición hacia la transformación en materia de infraestructura que el país requiere, de manera tal, que con el paso del tiempo, se incremente la productividad de la economía y la calidad de vida de la población.
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