Christine Jenkins Tanzi
El crédito por $505 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no tendría que buscar aprobación del Congreso al hacerse directamente con el Banco Central de Costa Rica, según los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
La diputada Silvia Hernández, quien lidera esa comisión, dijo que buscará una aclaración legal sobre qué hacer con este caso, dado que “a todas luces” no necesita pasar por la Asamblea Legislativa, como sí tendría que hacerlo un préstamo del Gobierno.
En abril, el Directorio del FMI aprobó la solicitud de Costa Rica de un crédito de desembolso rápido de $508 millones para atender la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19. El Gobierno ha insistido en que necesita la aprobación del crédito para empezar a negociar un acuerdo adicional con el FMI, conocido como un Stand-By Arrangement (SBA).
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Hernández ordenó que se consultara a la Procuraduría, la Contraloría y el Departamento de Servicios Técnicos para que analizaran cómo debe proceder la Asamblea.
“El actor correspondiente con el FMI, a diferencia de cualquier otro organismo multilateral, no es el Ministerio de Hacienda sino el Banco Central, y sucede eso casualmente porque los recursos con el Fondo tradicionalmente son para balanza de pagos, y por eso se suscribe con el Banco Central directamente”, explicó Hernández.
“El problema o el dilema al que nos enfrentamos, y yo encuentro atípico porque casualmente esa no es la práctica: esto no es un crédito que tiene que venir a la Asamblea Legislativa, porque tiene la potestad el Banco Central de adquirirlo. Pero como se está volviendo un programa de apoyo presupuestario y va para el Ministerio de Hacienda, es que se está queriendo la autorización de la Asamblea”, consideró.
Negociación con el Fondo
Melvin Quirós, subdirector de Crédito Publico, explicó durante la audiencia que los acuerdos con el FMI no tienen un contrato de préstamo normal dado que muchas de las características se rigen financiamiento por el Convenio Constitutivo, al que Costa Rica se adherió en 1945.
“En este tipo de operaciones lo que procede normalmente es que como el representante del país ante el Fondo es el Banco Central, el Banco Central es el que da la instrucción al Fondo para hacer la operación, y existe un convenio o un acuerdo subsidiario entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda”, dijo Quirós.
La diputada de Liberación Hernández entonces resaltó que precisamente eso cambiaría el proceso al considerarse un financiamiento del Fondo al Banco Central.
“La Constitución es muy clara en señalar que la Asamblea Legislativa lo que hace es una autorización de un contrato de crédito, entonces yo quisiera saber cómo procede en este momento cuando lo que Asamblea no autoriza el endeudamiento, lo que autoriza es el contrato del crédito que ciertamente, como usted lo señala, no existe”, según Hernández.
El proyecto de ley establece que según el Convenio Constitutivo del FMI y el artículo 2 de la Ley N° 55 que lo ratifica, se entiende que el Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI) del FMI se debe llevar a cabo a través del BCCR.
Sin embargo, al ser una operación del Gobierno de la República le corresponde a éste a través de Hacienda asumir las obligaciones financieras, tales como realizar el reembolso, el pago de intereses y otros cargos, por lo cual se requiere cumplir con el trámite de autorizaciones administrativas y aprobación legislativa, para lo cual se establecerá un Acuerdo de entendimiento entre ambos.
Christine Jenkins Tanzi
