Hermes Solano
Luego de 11 años de que se destapara el caso y se iniciara la investigación, finalmente arrancará el juicio por la llamada trocha fronteriza.
La construcción de la Ruta 1856 en la zona limítrofe con Nicaragua, que se inició en el gobierno de Laura Chinchilla, terminó en una causa por el supuesto desvío de dinero del Fondo Nacional de Emergencias, así como el aparente cobro irregular de facturas.
Esa carretera nunca se finalizó y el caso ya suma más de dos lustros sin resolverse.
Será el 27 de marzo cuando inicie el debate en los juzgados. El juicio tiene fecha de finalización el 22 de setiembre; es decir, serán seis meses de proceso, que podría alargarse dependiendo de lo que suceda.
En principio eran 26 las personas acusadas, pero finalmente solo 13 se sentarán en el banquillo, luego de que la mitad conciliaran con el Estado.
Las personas que van a juicio son exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), así como empresarios, algunos que simularon ser inspectores y hasta familiares.
Estas son los apellidos de las personas imputadas:
- Acosta Monge
- Serrano Alvarado
- Ramírez Marín
- Mesén Vargas
- Agüero Gamboa
- Mora Barrantes
- Castillo Villalobos
- Baralis Crosetti
- Herra Alfaro
- Soto Campos
- Méndez Méndez
- Alvarado Víquez
- Morera Fernández
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El caso
La trocha se convirtió en el mayor cuestionamiento contra Laura Chinchilla y varios miembros de su gobierno. Entre ellos los entonces vicepresidente Luis Liberman y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez.
La idea original era realizar una carretera en la Zona Norte, de más de 150 kilómetros. Chinchilla apuró el plan, tras decretar emergencia luego de que iniciara el conflicto fronterizo con Nicaragua y la invasión a Isla Calero.
Pero comenzaron a surgir los delitos cometidos alrededor de la trocha, conociéndose que empresas y funcionarios participaron juntos para presentar cobros por labores que nunca se hicieron.
El exministro Jiménez presentó una denuncia, pero fue separado del cargo. Chinchilla siempre defendió que fue su gobierno quien denunció los actos.
En marzo del 2012, dos meses antes de que estallara la polémica, la mandataria viajó a la frontera a inaugurar una vía de tierra, llamada Juan Rafael Mora Porras.
Cinco años después, en 2017, el Ministerio Público acusó a las 26 personas por los delitos de peculado, cohecho propio, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia contra la hacienda pública y legitimación de capitales, entre otros.
Contra otras 47 personas se solicitó el sobreseimiento definitivo.
Entre las personas sobreseídas, es decir que según la prueba recopilada no cometieron un delito, están Chinchilla, Liberman, Jiménez y otros exjerarcas.
Fue desde el Conavi que se fraguaron los actos de corrupción, según el juzgado.
Millones en reclamos
En setiembre de 2019, tres años después de presentada la acusación, inició la audiencia preliminar en el caso.
La Procuraduría General de la República es parte del proceso, como actora civil en su condición de damnificado directo, como abogado del Estado y representante de la sociedad.
El ente procurador reclamó ¢965 millones como daño social. Según informó la entidad en ese momento, el monto estimado corresponde al efecto que sufrió la sociedad costarricense a raíz de los actos de corrupción, y fue calculado con un peritaje de actuario matemático.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, las facturas con irregularidades que fueron cobradas ante el Conavi, suman más de ¢1.234 millones. Sin embargo, solo fueron cancelados poco más de ¢639 millones por parte del Consejo Nacional de Vialidad.
