Tomás Gómez
“Este es un cobro ilegítimo y así se demostrará por parte de Nueva República en el proceso de cobro judicial respectivo”.
Esas fueron las primeras reacciones de Fabricio Alvarado al trascender un embargo por poco más de ¢500 millones contra su partido, Nueva República.
El reclamo surge del dueño de la empresa Pedregal, Rafael Zamora. Él aduce que para la última campaña electoral hizo un préstamo de ¢300 millones a Nueva República, el cual afirma no fue cubierto. Al monto suma intereses y costas, llegando así a la cifra total del reclamo.
No obstante, la agrupación evangélica insiste en que se trató de una compra de bonos; y que en ellas existe el riesgo de perder dinero.
“No se trata de una deuda que tiene el Partido, sino de una compra de bonos de deuda política que el señor Zamora hizo, lo cual consta además de lo consigado en los medios de comunicación, en documentos suscritos por el mismo señor Zamora”, señaló Alvarado.
“Ahora, después del resultado electoral, y después del embargo practicado por su madre, pretende variar la naturaleza jurídica de la operación que en su momento realizó, que fue invertir en bonos de deuda política, como un negocio de riesgo legal y ampliamente conocido en el país”, sumó.
Ahora, el partido dice que esperarán al proceso legal.
Elecciones no salieron como esperaban
Luego del crecimiento abismal de la candidatura de Fabricio Alvarado en las elecciones del 2018, los datos no se repitieron en 2022.
En esta ocasión Nueva República debutaba en votaciones nacionales -luego de separarse de Restauración en 2018-.
Aunque las encuestas les fueron favorables a lo largo de la contienda, la primera ronda les deparó 311.633 votos. Eso los lanzó a un tercer lugar que les impidió ir al balotaje.
Además, lograron apenas 7 diputaciones en 4 provincias.
Con ello, la agrupación tendría derecho a ¢2.870.154.304 de deuda política.
