Hermes Solano
Víctor Emilio Granados, exdiputado del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) y quien presidió la Asamblea Legislativa entre 2012 y 2013, recibió este miércoles su segunda condena de prisión.
Granados recibió una sentencia de 19 años por los delitos de estafa, peculado e influencia contra la hacienda pública.
Esto debido a nombramientos “fantasma” que hizo en la Asamblea de personas como de asesores legislativos, al parecer familiares y amigos, que nunca se presentaron a trabajar y recibían el salario.
El exdiputado estuvo en la cárcel a inicios de los años 2000, luego de ser encontrado culpable de estafar a un banco del Estado.
En 1992 Granados recibió una pena de 8 años de cárcel, tras ser parte de una banda que hacía depósitos inexistentes en una cuenta bancaria.
Sin embargo, las apelaciones, revisiones de sentencia y demás hicieron que el exlegislador cayera en prisión en el inicio de este milenio.
Aunque la sentencia fue de 8 años, solo estuvo 24 meses tras las rejas, ya que le dieron el beneficio de libertad por su buena conducta.
Una vez de vuelta a las calles, decidió estudiar derecho y conoció a Óscar López, con el que fundaron el PASE, que le permitió ser diputado en el período 2010-2014.
OBSERVE MÁS: Expresidente legislativo condenado a 19 años de cárcel por nombramientos fantasma
Medidas cautelares
Mientras la sentencia leída este miércoles queda en firme, Granados y los otros dos exdiputados condenados: Martín Monestel y Rita Chaves, con penas de 11 y 7 años de cárcel, deberán cumplir medidas cautelares.
El Tribunal les impuso el impedimento de salida del país, entregar el pasaporte y firmar cada 15 días en la Fiscalía.
Además de la sentencia, los jueces también admitieron la acción civil resarcitoria presentada por la Procuraduría General de la República.
Por concepto de daño social y material al Estado, determinaron un monto de ¢329 millones.
El juicio contra los exdiputados inició en mayo, que incluía al presidente y fundador del PASE, Óscar López.
Los jueces también admitieron una acción civil por ₡329 millones por concepto de daño social y material al Estado costarricense.
