Hermes Solano
En la Asamblea Legislativa caminan lento los proyectos para restaurar los artículos derogados en 2019 en la Ley contra el Crimen Organizado, que han sacado a sospechosos de narcotráfico de prisión preventiva.
Las dos propuestas que existen, una de la diputada Carolina Delgado y otra del Poder Judicial, para restaurar el artículo 2, que declara un caso como crimen organizado y permite por ejemplo las escuchas telefónicas, están en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Al día de hoy y tres años después del error cometido en el Congreso, el exfiscal general de la República, Francisco Dall’Anese advierte que Costa Rica puede pagar muy caro el no avanzar en esa legislación.
Asegura que es claro que el artículo está derogado, a pesar de que las autoridades se empeñan en afirmar que sigue vigente, y que eso implica que se está incumpliendo con un derecho de los involucrados en las causas.
Esto haría que estas personas, consideradas criminales en la mayoría de los casos, podrían ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar al país y costaría mucho dinero por las indemnizaciones que habría que pagar.
“Todos los procesos, desde la derogatoria a esta fecha, donde se aplicó el artículo 2, y permitió que se intervinieran teléfonos, eso hace víctimas de violación al debido proceso, que es un derecho humano”, dijo el abogado a El Observador.
“Ya estas víctimas podrían acudir a través de la Comisión Interamericana, y a un juicio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, añadió.
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Muy grave
Para el exfiscal general lo más grave de todo esto es que los costarricenses, a través del pago de sus impuestos, serían los que paguen las sumas millonarias de indemnización a posiblemente personas ligadas al narcotráfico.
“La mayoría de involucrados en este tipo de casos son miembros de organizaciones criminales; una vez que condenen a Costa Rica, será con los impuestos que se estaría pagando a narcotraficantes. Va a ser un tema muy grave, principalmente desde el punto de vista político”, indicó.
Hace algunos meses, quedaron en libertad miembros de la denominada banda Los Gery, sospechosos de tráfico y venta de drogas, precisamente porque el juez aplicó la no existencia de los artículos para mantenerlos en prisión preventiva.
También se han dado denuncias de abogados contra jueces que mantuvieron o ampliaron prisiones preventivas.
Algunos casos recientes, como “Cochinilla” en el Conavi y “Diamante” donde hay involucrados alcaldes, se decretaron como crimen organizado y hubo intervenciones telefónicas.
Actuar con responsabilidad
Dall’Anese hizo un llamado a las autoridades judiciales y también a la Asamblea Legislativa para que se priorice el tema y se actúe con responsabilidad.
Considera que hasta ahora no se ha resuelto debido a que algunos casos “mediáticos” podrían caerse, al aceptar, desde el Poder Judicial, que el artículo 2 está derogado.
“Hay una gran tentación de no reconocer, que por un actor institucional, que no tiene que ver con los actuales diputados o el actual Gobierno, se derogaron los artículos”, dijo el abogado.
“El querer salvar los casos que están pendientes puede convertirse para el país en un problema mayúsculo”, añadió.
Según el exfiscal, no conoce a fondo los proyectos que existen en la Asamblea Legislativa para restaurar los artículos derogados, pero sí considera que se debe actuar con prontitud para evitar un grave daño al país.
“Por responsabilidad nacional deben dejarse de lado estas tentaciones de salvar casos y reconocer los errores, sino terminaremos todos los costarricenses indemnizando y esto es muy grave”, finalizó.
