Paula Ruiz
Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes del accidente sucedido en Cambronero, en setiembre pasado, presentarán una denuncia penal y una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
El abogado Boris Molina confirmó que estas acciones legales serán contra del Estado y la empresa Alfaro Limitada. Esta última era la concesionaria de la ruta al momento del accidente.
Molina señaló que hasta el momento hay 8 de 9 familias de las víctimas y 17 de los 25 afectados con lesiones, quienes presentarían las demandas.
“Estamos recabando los informes periciales para víctimas y se determine la cuantificación del daño”, destacó Molina.
De igual forma, hizo un llamado a la población para que continúen en alerta dado que hay unidades de autobuses que se convierten en un riesgo para los usuarios.
Según Molina, se otorgó un plazo para una conciliación, principalmente por parte del Estado, sin que a la fecha haya algún acercamiento.
Para el abogado, se trata de vidas humanas y no de una estadística, razón por la cual, las consecuencias deben ser de “tipo jurídico y legal”.
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Las familias de las víctimas y los sobrevivientes están sufriendo las consecuencias físicas y psicológicas, pero sobre todo, económicas, según el vocero.
“Muchas de las personas que murieron y de los que tienen graves heridas son cabezas de familia, entonces las familias están sufriendo las consecuencias”, recalcó Molina..
El hecho sucedió el 17 de setiembre en la Interamericana Norte, cuando el autobús proveniente de San José se dirigía hacia Guanacaste.
Producto de las fuertes lluvias de ese día, el autobús fue arrastrado al precipicio. Esto causó la muerte a nueve pasajeros y dejó 55 heridos, según el reporte emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Luego de esto, el Consejo de Transporte Público (CTP) informó que la unidad accidentada no contaba con el aval para transitar.
Lo anterior al incumplir con el requerimiento de tener menos de 15 años de antigüedad y tampoco contaba con pólizas al día.
Apurar la concesión
Adicionalmente, la Federación de Uniones Cantonales de la Península de Nicoya solicitó al CTP, acelerar el proceso para tener un nuevo operador de la ruta 1507.
Esto, luego de que la junta directiva del Consejo canceló la concesión de dicha ruta a la empresa Alfaro, según consta en el acta 13 del 2023.
“Declarar la cancelación del permiso de la Ruta No. 1507 de la empresa ALFARO LIMITADA (sic), por faltas cometidas a sus obligaciones. Lo anterior al prestar el servicio de transporte público remunerado con unidades fuera de la flota autorizada.
“(Esto) en detrimento del interés público y la prestación del servicio, además por no encontrarse al día con sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social”, indica el acta del 29 de marzo anterior.
El único voto en contra lo aportó el empresario autobusero Orlando Ramírez, nombrado por el Gobierno en ese puesto.
Él justificó que la empresa ha sido víctima de ataques por lo sucedido y cuenta con las “unidades a derecho”.
Mientras que, el 28 de abril ese mismo órgano acordó que la compañía continuaría brindando el servicio “mientras se realiza el procedimiento de nombramiento de otro operador, para garantizar el principio de continuidad del servicio”.
Piden transparencia en el proceso
La Federación envió una carta a Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, el 8 de mayo. Allí le solicitan que el proceso para el nuevo operador se realice de forma transparente.
“Que dicho proceso sea transparente y apegado a la ley, de manera, que la escogencia que se lleve a cabo recaiga en una empresa responsable que cuente con capacidad y solvencia moral para garantizar a las comunidades un servicio de altura.
“Esto en especial en consideración a la gran dependencia del transporte público y de la importancia en el desarrollo social y económico de la zona”, destaca la misiva.
Asimismo, le urgen agilizar este procedimiento con tal de contar un nuevo operador lo más pronto posible.
