Tomás Gómez
El polémico “Cuestionario de Factores Asociados” aplicado por el Ministerio de Educación (MEP) como parte de las pruebas FARO indagó, literalmente, hasta la cocina de la casa de cada estudiante.
De qué material son las paredes de la casa, cómo es el piso, si tiene patio y hasta si tienen equipo fueron parte las preguntas hechas el viernes a 77.000 niños de 11 años.
Tras la ola de críticas el Ministerio anunció que destruiría el material recabado pero la ley no se lo pone tan fácil.
Pero, además, este domingo en la noche trascendió las renuncias de la ministra de Educación, Guiselle Cruz, y la viceministra, Melania Brenes.
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Por tratarse de datos delicados y hasta íntimos, las familias podrán reclamar la devolución de las evidencias.
“Los padres tienen derecho a accesar los datos y la información personal que se recopiló a través de sus hijos. Este derecho se puede ejercer frente al departamento encargado del MEP, quien tiene 5 días hábiles para responder”, explicó el abogado Daniel Rodríguez.
Rodríguez es el director ejecutivo de la Fundación Privacidad y Datos (Pridat). Esta reúne a diferentes profesionales en protección de datos quienes insistieron en que la promesa del MEP de eliminar los datos debe acompañarse de garantías adicionales.
“Los padres también tienen derecho a la cancelación de sus datos. Es decir, a que se elimine la información personal recabada ilegalmente de las bases de datos del Ministerio”, explicó Rodríguez.
“Si el Ministerio piensa eliminar los datos de forma masiva y por voluntad propia, debe hacerlo garantizando que los documentos no fueron copiados y que no podrán ser recuperados en el futuro, con medidas de seguridad óptimas que deben ser reveladas a la población”, agregó.
¿Quién vigilará al Ministerio?
Aunque la normativa costarricense protege la recolección, almacenamiento y gestión de datos; los expertos de Pridat recalcaron que hay incapacidad para controlar el destino de la información.
“Si tuviéramos una agencia de protección de datos realmente independiente y responsable, hace rato hubiera intervenido mediante una inspección y le hubiese ordenado al MEP la eliminación inmediata de los datos”, sostuvo Rodríguez.
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De manera complementaria, sugirieron que una comisión interinstitucional que fiscalice la supuesta destrucción del material. En ella podrían intervenir entes como la Defensoría, PRODHAB y colegios profesionales.
FARO pasó de matemática a vida familiar
Las pruebas FARO de la semana anterior evaluaron español, matemática y ciencias. El viernes, además, se sumó un polémico test donde se indagó sobre la situación de los menores y sus familias.
Además de lo sensible de los datos, se reclamaron las condiciones que atravesaron los estudiantes. Docentes detallaron que los menores tardaron hasta 4 horas en terminar las pruebas y llenar las hojas de respuestas.
En un primer momento la viceministra del MEP, Melania Brenes, defendió la medida. Ella aseguró que los datos se cruzarían con las notas y culpó a la pandemia por el atraso de los niños al completar las pruebas.
Veinticuatro horas después y con una creciente ola de críticas, la jerarca Cruz apareció para anunciar que las pruebas serían destruidas.
“Hubo un error en su elaboración, pues se obvió que una prueba tan larga era inadecuada para ser aplicada a niños y niñas de 11 ó 12 años. Y que algunas preguntas no se formularon adecuada ni oportunamente”, dijo.
