Josué Alvarado
El Ministerio Público realiza un allanamiento en la Secretaría de Actas del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif), cuyas oficinas se ubican en el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
La diligencia busca localizar prueba para sumar como evidencia relevante dentro de la causa 23-000107-1218-PE, en la que se investigan los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública.
“La investigación tiene relación con un acuerdo tomado por los miembros de la Conassif, en sesión realizada el 15 de agosto, en el que, presuntamente, se determinó emitir una moción de censura contra el BCCR y solicitarle al presidente ejecutivo de la entidad retirar una denuncia presentada contra la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef, de apellidos Aguilar Montoya”, informó el Ministerio Público.
En apariencia, dicha sesión y, en consecuencia, el acuerdo, fueron declarados como confidenciales.
En el expediente figura como imputada la superintendente Rocío Aguilar, esto debido a que la causa se originó en una denuncia presentada por el BCCR contra la superintendenta, debido a que, supuestamente, esta se negó a entregar información que el Banco solicitó en relación con datos crediticios estadísticos.
“Según se cree, Aguilar argumentó que se trataba de información sensible, esto pese a que la Sugef no tiene autorización para recopilar datos sensibles, lo cual incluso se ha establecido por parte de la Sala Constitucional”, indicó el Ministerio Público.
Agregaron que la investigación busca establecer, con base en la evidencia, si miembros del Consejo Directivo de la Conassif habrían incurrido en los presuntos actos delictivos.
“La diligencia continúa en desarrollo y, debido a la privacidad que cubre estas acciones, no es posible brindar más detalles, ya que así lo dispone el artículo 295 del Código Procesal Penal”, agregó el comunicado.
Previamente el Banco Central informó sobre esta diligencia judicial en las oficinas se encuentran en sus instalaciones en el centro de San José. A través de un comunicado de prensa informó que se abstendrá de dar más declaraciones o de hacer más manifestaciones al respecto.
Por su parte, Conassif indicó que “con respecto al allanamiento en la mañana, en las oficinas del Banco Central de Costa Rica (BCCR), desconocemos en este momento a qué acción judicial corresponde, ante lo cual estamos realizando las consultas respectivas”.
Agregaron que una vez que cuenta con la información se estarían pronunciando.
La superintendente general de entidades financieras, Rocío Aguilar. ( Foto Josué Alvarado | El Observador).
La denuncia
El 21 de abril del 2023 el Banco Central de Costa Rica interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en contra de Aguilar, por el presunto delito de desobediencia a la autoridad, interpuesta
En un comunicado de prensa, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) indicó que la acción por la que se presenta la denuncia se relaciona con la falta de entrega de información solicitada el 23 de noviembre del 2022 por la Junta Directiva del BCCR, para tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona, que los intermediarios financieros supervisados le remiten respecto de sus deudores a la Superintendencia para el desarrollo de sus labores de supervisión.
La pretensión del Banco Central de obtener datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada deudor, genera críticas y oposición de diversos sectores y analistas.
La principal crítica hacia el Banco Central es que no da suficientes explicaciones sobre el uso o la necesidad de contar con información pormenorizada de los ciudadanos.
La primera crítica provino del sector bancario. La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) acuerpó el argumento de la Sugef de que se trata de información confidencial que no debe ser compartida, pues no es necesaria para la generación de estadísticas o cifras agregadas.
A las voces críticas se unieron también diputados y Cámaras empresariales.
En contra de Aguilar también se sigue dos causas más. Una bajo el expediente 18-000159-1218-PE por aparente delito de influencia contra la Hacienda Pública, cuando ella fungió como ministra de Hacienda en la Administración Alvarado y la otra bajo el expediente 23-000234-1218-PE por aparente delito de tráfico de influencias.
