Allan Arroyo
El Ministerio Público comunicó este martes que finalizó con las indagatorias a 23 personas por el caso Aldesa, en el que se investiga el presunto delito de estafa.
El proceso de tomar las declaraciones lo realizó la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, entre el 14 y 20 de noviembre.
El órgano informó que se cumplió con esta etapa, después de recibir el informe y las ampliaciones a cargo de la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
De esta forma, se pone en conocimiento de los investigados el expediente completo, como lo establece el derecho de toda persona.
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"Caso complejo"
En el comunicado de prensa, la fiscalía califica el expediente como "complejo", al estar compuesto por "5.323 folios en el legajo principal, dos legajos de prueba con 535 folios, así como 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3.536 folios".
También, el Ministerio Público cita otras diligencias realizadas en el proceso de investigación:
- 13 sitios allanados.
- Dos aperturas de evidencia de lo decomisado en allanamientos: 152 evidencias cajas y bolsas, así como 83 dispositivos electrónicos.
- Revisión de la totalidad de la prueba documental y análisis de los documentos de relevancia para la causa, revisión de la prueba digital, entre ellos la totalidad de los teléfonos que fue posible aperturar.
- Revisión de los correos electrónicos de 8 archivos de correo, perteneciente a los funcionarios de Sugeval, cada uno con un aproximado de 25,000 correos por archivo.
- Revisión de correos electrónicos de 6 funcionarios de Aldesa, con un aproximado por cada archivo de correo de 30,000 correos.
- Revisión de un total de 4,425 de archivos que se obtuvieron de la base de datos de Aldesa.
- Entrevista a 11 testigos ofrecidos por los denunciantes.
- Más de 20 solicitudes de levantamiento del secreto de información privada (CCSS) de tipo bancario, tributario y bursátil.
- Reuniones constantes de dirección funcional con la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros (SADEF) del OIJ.
Además, "el 10 de junio del 2019 se indagó al imputado de apellidos Chaves Bolaños, en relación con los hechos aparentemente cometidos en perjuicio de cuatro de las 26 personas ofendidas apersonadas formalmente al proceso (entre personas físicas y jurídicas)", informó el Ministerio Público.
En las semanas recientes, se amplió esa indagatoria. Chaves Bolaños mantiene las medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar cada dos meses y no acercarse a testigos y ofendidos.
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Tiempos de investigación
A finales de octubre, el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, dijo que tenía monitoreados y controlados los tiempos en los que prescriben las denuncias relacionadas al caso de supuesta estafa conocido como Aldesa.
Por eso, señaló que el riesgo de que las denuncias prescriban es muy bajo y que el objetivo del equipo que él lidera es llevar este caso a los Tribunales de Justicia.
Esa fue la reacción del jerarca del Ministerio Público horas después de que un grupo de inversionistas expresara su temor a que el caso prescriba, es decir, que se acabe el tiempo que la ley otorga para que la Fiscalía arme el caso y lo eleve a juicio.
“Tenemos monitoreados y controlados los plazos de prescripción para finalizar la investigación y llevar el caso a los Tribunales de Justicia, antes de que prescriba”, señaló Díaz.
Flora Fernández, inversionista de Aldesa, junto a un grupo de afectados por este caso, fue recibida por el Presidente Rodrigo Chaves. (Josué Alvarado/El Observador)
El jueves 26 de octubre, el mandatario, Rodrigo Chaves, atendió a un grupo de las personas afectadas por este caso en Casa Presidencial. Según Chaves prestó los podios y micrófonos para darles un espacio a través del cual expusieran su preocupación.
“Hay muchos intereses para que este caso prescriba. Son personas muy influyentes los que estaban tanto en la Junta Directiva como Javier Chaves. Habían vínculos con la anterior fiscal general, que era la esposa del abogado de Javier Chaves , de manera que a mi no me sorprende que quieran hacer prescribir el caso”, aseveró la inversionista Flora Fernández, en alusión directa a la exfiscal Emilia Navas y el abogado Francisco Campos.
El presidente Chaves dijo que el fiscal general tenía una oportunidad histórica en ese cargo “para que se acabe el silencio y para que él y su respetable oficina puedan demostrar que por lo menos esto va a llegar sin prescribir a un juicio”.
