Tomás Gómez
Mensajes de WhatsApp y correos electrónicos fueron las medios que utilizaron personas vinculadas al Caso Aldesa, hacia finales del 2018, para exteriorizar sus preocupaciones cuando los problemas de liquidez empezaron a golpear a la que hasta entonces era una de las más reconocidas firmas bursátiles del país.
Los textos fueron recuperados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el informe 266-SADEF-R-113-23, que analiza las denuncias de varias personas, empresas y organizaciones solidaristas que habrían tenido problemas con sus inversiones y que se presentó ante la Fiscalía.
Uno de las primeras quejas constatadas en el informe data del 30 de noviembre de ese año. Una mujer escribió al asesor que tenía en Aldesa su preocupación por el impago de una inversión que sumaba más de 14 días de vencida. Este funcionario elevó el caso a la Presidencia y la Asesoría Financiera de la empresa, dejando ver que no era el primer reclamo.
La misma afectada, meses después, pidió al corredor de bolsa “el depósito inmediato en un plazo de 72 hrs” (sic) de dos inversiones que ya estaban vencidas. A la vez, exigió que no le hicieran renovaciones automáticas.
Promesa de intereses no convenció
Otro caso bajo la lupa es de la asociación solidarista de una institución pública que hizo una inversión de corto plazo. A inicios del 2019 intentó recuperar el dinero para pagarle los excedentes a sus socios pero no pudo.
Se trataba de una inversión de ¢100 millones que necesitaban recuperar para el reparto de dividendos. Como parte de las promeses para que no sacaran el dinero se llegó a ofrecer elevar el interés del 10% al 12,5%, no obstante, el dinero se necesitaba y no se cedió.
La molestia del cliente escaló dentro de la empresa, pidiendo a lo interno que un alto cargo contestara.
En este caso cabe destacar que los afectados llevaron el caso a la Superintendencia General de Valores (Segeval), mientras a lo interno se señalaba que el silencio hacia el cliente no era positivo.
Las comisiones tampoco se pagaban
En el Caso Aldesa los intermediarios también resintieron los problemas, llegando a plantearse reclamos directamente a la Presidente en la figura de Javier Chaves.
Ahí aparece el caso de un agente de bolsa que sumaba casi 12 años de vinculación con la empresa. Como parte de la investigación también se encontraron facturas por servicios profesionales.
No obstante, los pagos al parecer se atrasaban.
La situación se reiteró a lo largo del 2018, cuando apareció un nuevo reclamo de la misma persona.
El hombre volvió a reclamar pues para el 22 de diciembre, cuando ya arrancaba el receso de fin de año, no tenía reflejado el respectivo depósito.
“No es justo que este pasando por esto”, escribió. “Tengo mis compromisos personales y debo atenderlos . Ya Aldesa cerró y ahora qué?” (sic), puntualizó.
Por otra parte, para el arranque del 2019 cuando la situación se iba agravando más, otros comisionistas llevaron sus molestias, alegando que necesitaban de esas cuotas para redondear su salario.
Mientras eso ocurría, otro intermediario relataba a su jefatura que había logrado retener a los inversores, disminuyendo así la cantidad del monto que habría que devolver.
“Usted es un campeón, pero sobre todo un buen amigo y un ser humano noble! Mil
gracias, abrazos!”, contestó a ese mensaje el jefe de Aldesa.
Nuevos pasos
Las dudas por el desempeño de Aldesa surgieron a fines del 2018, cuando la empresa alegó problemas de liquidez.
A inicios del 2019 la firma solicitó un proceso de Administración y Reorganización con Intervención Judicial (ARIJ). Este formato promueve un ajuste en las obligaciones como paliativo a un proceso de cierre.
No obstante, la medida no llegó a fructificar y en julio del 2022 el Juzgado Concursal declaró la quiebra de la firma Aldesa. Esto como consecuencia de la incapacidad para efectuar un convenio con los acreedores para el pago de sus deudas.
Aparejado a ello, sigue abierto el caso penal. Ahí varios de los afectados encienden alertas pues la acción penal tiene una vigencia de 10 años, que se reduce a la mitad una vez que se aplica la primera indagatoria a los sospechosos. Dado que el expresidente de Aldesa, Javier Chaves, tuvo ese proceso en junio del 2019, se teme que la fecha caduque el próximo año.
De momento, la Fiscalía alega que se lleva un trabajo y control de tiempos. En ese escenario se enmarcan los nuevos hallazgos.
