Tomás Gómez
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó que se investiga una serie de irregularidades con las vacunas contra el covid-19.
El caso se sigue bajo el expediente 21-000089-1218-PE y es por el presunto delito de tráfico de influencias.
De momento, Fiscalía no ha publicado la lista de investigados, pues la ley obliga a que primero se les notique y se les tome declaración indagatoria.
El tráfico de influencias se configura cuando los funcionarios públicos se valen de su cargo para que hacer que otros hagan, retarden u omitan acciones propias de sus funciones. Esto termine generando ventajas indebidas para sí mismos o terceros.
Según la Ley contra la Corrupción, su pena va de dos a cinco años de prisión.
Fiscalía pone lupa más allá
El nuevo expediente se suma a la investigación abierta por la Fiscalía y el OIJ tras viralizarse el video de una supuesta falsa vacunación.
Por esos hechos se maneja en el expediente 21-010183-0042-PE.
En él se investiga un supuesto delito de incumplimiento de deberes, sancionado de uno a cuatros años de inhabilitación.
Se configura cuando un funcionario público ilegalmente omite, rehusa hacer o retarda algún acto propio de su función.
También se materializa cuando el funcionario ilícitamente se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo.
En esta causa incluso se dio la detención de un funcionario de la CCSS de apellido Arrieta.
El juez penal, sin embargo, lo dejó libre y sin medidas cuatelares.
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