Hermes Solano
La Fiscalía de Probidad y Anticorrupción solicitó que se amplíen las medidas cautelares por nueve meses más para los imputados en el denominado caso Cochinilla.
Así lo confirmó el abogado de Melida Solís, Erick Gatgens, señalando la petición de las autoridades para su clienta.
Tanto Solís y como el dueño de la empresa Meco, Carlos Cerdas están en arresto domiciliario desde marzo, es decir, hace seis meses, cuando les cambiaron las medidas de prisión preventiva debido a un pago de fianza.
La audiencia se realiza en el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública en el Segundo Circuito Judicial en San José.
Cochinilla estalló el 14 de junio de 2021 con los allanamientos en Conavi y la detención de funcionarios públicos, empresarios y demás.
Parte de los alegatos de algunos de los abogados defensores se basarán en la derogatoria de varios artículos de la Ley contra el Crimen Organizado, principalmente el 2 y el 7.
Con esto pretenden que se eliminen las medidas cautelares. Sin embargo, se han dado diferentes interpretaciones por parte de las autoridades jurisdiccionales.
“Vamos a sostener lo que hemos venido indicando anteriormente, que las normas de la Ley de Delincuencia Organizada están derogadas y no se justifica mantener estas medidas, que nos parecen desproporcionadas”, señaló Erick Gatgens.
El abogado indicó que a él le corresponderá dar sus alegatos la próxima semana. La audiencia se extenderá hasta el próximo jueves.
El Observador consultó al Ministerio Público sobre el tema, principalmente para confirmar la petición de extensión de medidas cautelares; sin embargo, al cierre de la nota no hubo respuesta.
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Intervención de la ONU
El Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, Diego García-Sayán, “intercedió” ante las autoridades judiciales de Costa Rica por Carlos Cerdas, dueño de la empresa MECO.
En junio anterior, García-Sayán solicitó una serie de informaciones a las autoridades costarricenses debido a quejas que había recibido sobre el trato hacia Cerdas y el proceso que se ha llevado por el caso.
La preocupación principal del Relator es sobre si se han vulnerado los derechos humanos de Cerdas.
Costa Rica, a través del Poder Judicial, respondió que han respetado todo el proceso con todos los imputados y que no podían dar mayores detalles según lo establece el artículo 295 del Código Penal.
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