Paula Ruiz
Las fracciones legislativas se encuentran a la espera del documento oficial del Gobierno para poder analizar las 58 propuestas que se acordaron en la mesa de diálogo multisectorial.
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De previo, la bancada liberacionista urgió medidas de corto plazo así como propuestas de más peso para la reactivación económica.
“Estamos recolectando la información para analizar una por una. Esperamos como fracción que el Gobierno le haga propuestas concisas, precisas y claras a la Asamblea Legislativa en cada una de las áreas en las que el país requiere para salir adelante”, dijo Luis Fernando Chacón, jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN).
Mientras, desde la fracción socialcristiana y el Republicano Social Cristiano esperarán a analizar las propuestas para emitir criterio.
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Ahora, “la pelota” pasa al Congreso, según reconoció Eduardo Cruickshank, presidente de la Asamblea Legislativa.
Por eso, prometió la búsqueda de consensos para que se concrete la aprobación de los proyectos de ley que deban ser enviados al Congreso para traducir los acuerdos de la mesa multisectorial en realidad.
“Lo que más me preocupa es el tiempo que ha transcurrido. Ya hoy estamos 21 de noviembre, el Gobierno está urgido de hacer propuesta al país y como jefe de fracción no veo ningún derrotero”, señaló Chacón.
Pese a ello, en la bancada oficialista se encuentran optimistas de que los acuerdos se van a concretar.
“Estoy seguro que de todas las fracciones existirá disposición para escuchar voces de muchos sectores que estuvieron en este proceso de diálogo”, manifestó Enrique Sánchez, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La fracción liberacionista analizará cada una de las propuestas.
De hechos a la realidad
Algunos acuerdos que tendrán que convertirse en proyectos de ley o impulsar algunos ya existentes son:
- Una propuesta para prohibirle a funcionarios públicos toda actividad económica en paraísos fiscales
- Pago de impuestos para premios de lotería superiores a ¢250.000
- Autorizar Proyecto de Fondo de Avales
- Aprobar el proyecto de ley de Contratación Administrativa que ya está avanzado en la corriente legislativa
- Aprobar iniciativa para la reducción de la deuda política
- Modificar la legislación vigente para permitirle al país, habilitar mecanismos de convocatoria para inversores extraterritoriales
También pretenden instar a los diputados a eliminarse el incentivo de pago de combustible para ellos mismos, cuyo monto mensual asciende a unos ¢16 millones para todos los congresistas.
Las prioritarias
Uno de los compromisos del Gobierno tiene que ver con reducir ¢150.000 millones del Presupuesto Ordinario del 2021.
Esta propuesta está por discutirse en el Plenario Legislativo a partir de esta semana. El economista Gerardo Corrales consideró que esta es una de las acciones inmediatas que debe concretarse.
Corrales fue uno de los participantes en las mesas de diálogo que llegaron a su fin este sábado.
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Asimismo, urgió la aprobación de la Ley de Contratación Administrativa que, entre otras cosas, obligará a todo el sector público a usar una plataforma de compras públicas.
El experto también cree que la venta de la cartera de Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) al Banco Popular tiene que ser de corto plazo, porque permitirá reducir la deuda pública.
Este acuerdo le haría llegar recursos al Gobierno equivalentes al 0.5% del PIB, destacó Corrales.
Renta global positiva
Otro punto es el de renta global aunque de más largo plazo, porque se implementaría a partir del 2023.
En rental global coincidieron Corrales, José Alvaro Jenkins, presidente de Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
“De los más importantes está renta global, tenemos 18 años de estarlo discutiendo y no se había logrado ningún acuerdo. Eso va a facilitar la recolección de impuestos y la formalidad”, destacó Jenkins.
Otros puntos destacados por el sector industrial tienen que ver con la puesta en marcha de Hacienda Digital. Se trata de un proyecto que permitirá la modernización de los sistemas de cobro de impuestos del Ministerio de Hacienda.
Además del análisis de costo beneficio de los impuestos menores existentes y el funcionamiento del Fondo de Avales.
La mesa surgió tras el fracaso del Gobierno en su propuesta para negociar un préstamo por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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