Josué Alvarado
Un total de 23 personas, entre actuales funcionarios y extrabajadores del Banco de Costa Rica (BCR), más un miembro externo del conglomerado, participaron de alguna forma en el proceso a través del cual se decidió comprar el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), propiedad que perteneció por algunos meses a una sociedad relacionada al exdiputado socialcristiano Humberto Vargas Corrales.
El gerente general del banco, Douglas Soto, otros altos jerarcas como gerentes, subgerentes, jefes de departamentos, la presidenta y vicepresidenta de la sociedad de fondos de inversión que hizo la compra, auditores, asesores jurídicos y personas con otros altos cargos estuvieron presentes en las sesiones en las que se discutió, entre otras cosas, el precio que se pagaría por el terreno y las bodegas ubicadas en Puntarenas.
La compra se hizo en febrero del 2020 y ahora el hecho es investigado por la Fiscalía, por el presunto delito de sobreprecio irregular, supuestamente a favor de la sociedad en la que participaba el exlegislador Vargas Corrales.
Además, la institución despidió a los primeros cuatro funcionarios que están ligados a la decisión de haber hecho la compra, tal y como lo dio a conocer El Observador días atrás.
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(Captura del informe elaborado por Cocosa).
Decisión de muchos
El Comité de Inversiones del BCR estuvo integrado por seis personas cuando se aprobó la compra. En ese momento lo integraban las siguientes personas:
- Douglas Soto Leitón, gerente general interino del BCR
- Álvaro Camacho de la O, subgerente interino de Banca Mayorista del BCR
- Freddy Morera Zumbado, gerente regional de Análisis de Crédito Corporativo del BCR
- David Brenes Ramírez, gerente general interino de BCR Corredora de Seguros
- Juan Carlos Bolaños Azofeifa, gerente de Negocios interino de Banca Corporativa
- Luis Guillermo Corrales Zúñiga, miembro externo
Según se describe en la misma página del BCR este comité es “el órgano responsable de proponer para su aprobación (los proyectos) por parte de la Junta Directiva”.
Pero estas no fueron las únicas personas que conocieron los detalles de la transacción que se firmaría.
El trámite completo estuvo compuesto de varias etapas, en las que participaron otros funcionarios, que suman un total de 23. También se contó con la participación de un miembro externo al conglomerado BCR: Luis Guillermo Corrales Zúñiga, quien era parte del comité, quien suman 24.
Primera ronda de sesiones
Inicialmente, el Comité de Inversiones de BCR SAFI y también la Junta Directiva conocieron el perfil del proyecto, constituido por criterios técnicos.
En la primera sesión del Comité de Inversiones participaron:
- Álvaro Camacho de la O, subgerente general interino BCR
- David Brenes Ramírez, gerente general BCR Seguros
- Freddy Morera Zumbado, Gerente Regional Análisis de Crédito BCR
- Juan Carlos Bolaños, Gerente de Negocios Banca Corporativa
- Luis Guillermo Corrales Zúñiga, miembro externo
- Rosnnie Díaz Méndez, gerente interino de BCR SAFI
- Marlon Sequeira Gamboa, gerente de Negocios interino de BCR SAFI
- Federico Herrera Oviedo, jefe de Gestión Inmobiliaria interino BCR SAFI
- Natalia Garro Acuña, jefe interina de Proyectos y Adquisiciones
- Gonzalo Umaña Vega, jefe de Área de Riesgo BCR SAFI
- María Esther Alfaro Sánchez, secretaria BCR SAFI
Durante la primera sesión de Junta Directiva de BCR SAFI participaron:
- Maryleana Méndez Jiménez, presidenta
- Mahity Flores Flores, vicepresidenta
- Ana Laura Castillo Barahona, secretaria
- Julio César Espinoza Rodríguez, tesorero
- Olivier Castro Pérez, vocal
- Jorge Bonilla Benavides, asistente en su condición de fiscal
- Rosnnie Díaz Méndez, gerente interino BCR SAFI
- Roberto Quesada Campos, Auditor Interno BCR SAFI
- Álvaro Camacho de la O, subgerente interino
- Manfred Saenz Montero, gerente corporativo jurídico
- Juan Carlos Castro Loría, asesor jurídico de la Junta Directiva
- José Manuel Rodríguez Guzmán, auditor general corporativo
- Maureen Ballestero Umaña, asistente secretaría Junta Directiva
- Marlon Sequeira Gamboa, gerente de Negocios interino de BCR SAFI
Rosnnie Díaz fungió como gerente general interino de BCR SAFI. (Josué Alvarado | El Observador).
Segunda ronda de sesiones
En una segunda ronda de sesiones el Comité de Inversiones conoce el informe de adquisición, que está compuesto de elementos legales, de mercado, técnicos, financieros y de riesgo.
Para la compra del PEP, participaron en esa segunda reunión del comité:
- Álvaro Camacho de la O, subgerente general interino del BCR
- David Brenes Ramírez, gerente general BCR Seguros
- Freddy Morera Zumbado, gerente regional Análisis de Crédito BCR
- Juan Carlos Bolaños, gerente de Negocios Banca Corporativa
- Luis Guillermo Corrales Zúñiga, miembro externo
- Rosnnie Díaz Méndez, gerente interino de BCR SAFI
- Marlon Sequeira Gamboa, gerente de Negocios interino de BCR SAFI
- Laureano Verzola Sancho, gerente financiero administrativo interino BCR SAFI
- Natalia Garro Acuña, jefe interina de proyectos y adquisiciones
- Gonzalo Umaña Vega, jefatura Área de Riesgo BCR SAFI
- María Esther Alfaro Sánchez, secretaría BCR SAFI
Superada la aprobación del comité llegó a una segunda sesión en Junta Directiva de BCR SAFI. En este punto se hubiera podido “vetar” la transacción, según explicó la entidad. En esta ocasión participaron:
- Maryleana Méndez Jiménez, presidenta
- Mahity Flores Flores, vicepresidenta
- Ana Laura Castillo Barahona, secreataria
- Julio César Espinoza Rodríguez, tesorero
- Olivier Castro Pérez, vocal
- Jorge Bonilla Benavides, asistente en su condición de fiscal
- Rosnnie Díaz Méndez, gerente interino BCR SAFI
- Roberto Quesada Campos, auditor interno BCR SAFI
- Álvaro Camacho de la O, subgerente interino
- Manfred Saenz Montero, gerente corporativo jurídico
- José Manuel Rodríguez Guzmán, auditor general corporativo
- Maureen Ballestero Umaña, asistente secretaría de la junta
- Marlon Sequeira Gamboa, gerente de Negocios interino de BCR SAFI
El BCR informó que la compra del proyecto quedó condicionada a la realización de valoraciones de tipo financieras y de tipo periciales externas.
“Si ambas dan un valor superior al precio negociado se realiza la transacción, de lo contrario se desestima”, dice el BCR. En este caso las dos cumplieron con el parámetro puesto que la compra se llevó a cabo.
“Quien presidía la sesión donde se conoció y aprobó el proyecto en el Comité de Inversiones era el Sr. Álvaro Camacho”, añadió el banco vía correo electrónico.
Luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, calificara como un “desfalco” la compra del PEP y pidiera explicaciones a la entidad, que es pública, el presidente el BCR reaccionó.
“El Comité de Inversiones es el responsable de la compra de ese activo y ya le hemos informado al señor presidente quiénes formaban parte de ese comité a la hora de la aprobación de esa compra”, dijo el presidente del BCR, Fernando Víquez, el miércoles 28 de junio.
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Supuesto sobreprecio de $43 millones
Los inversionistas que le apostaron a este fondo de inversión calculan que BCR SAFI pagó un sobreprecio de $43 millones.
Un avalúo realizado por la firma Constructora Costarricense S.R. (Cocosa) determinó que el costo total de dicho inmueble ronda los $27,4 millones. Sin embargo, BCR SAFI desembolsó cerca de $70,8 millones.
A pesar de esto, el banco sigue defendiendo la compra que se hizo y asegura que existen avalúos que comprueban que el precio que se pagó era el correspondiente.
Por otro lado, cuando BCR SAFI hizo la cuestionada compra había obras clausuradas (obras que serían las que generarían ingresos posteriormente) y faltaban permisos municipales por resolver.
También se cuestionó si existía permiso de Ingeniería de Tránsito para poder operar sobre la ruta nacional, duda que todavía sigue sin ser resuelta por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
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Movimientos y despidos
A finales de junio anterior renunciaron tanto Álvaro Camacho como Juan Carlos Bolaños, subgerente general del BCR y gerente de Negocios de Banca Corporativa, respectivamente.
Indicaron que era por asuntos personales. Sin embargo, su salida coincidió con la publicación del más reciente avalúo de Cocosa, en el que se concluye que se habría pagado un sobreprecio.
Días después , en un comunicado de hecho relevante también trascendió que BCR SAFI había cambiado a su gerente interino Rosnnie Díaz, quien fue el que firmó la compra del parque el 20 de febrero del 2020.
Pero el pasado 15 de agosto El Observador dio a conocer que, según confirmación del BCR, se había despedido a cuatro personas relacionadas a la compra del PEP.
Esta fue la respuesta del banco cuando este medio preguntó específicamente por el despido Rosnnie Díaz y la gerente de negocios, Natalia Garro. También de dos ingenieros peritos.
Sin embargo, la Unidad de Comunicación Institucional señaló que no pueden hacer públicos los nombres de las personas que fueron despedidas de sus cargos.
Parque Empresarial del Pacífico. (Archivo/El Observador)
Responsabilidades comerciales y administrativas
En Costa Rica este tipo de sociedades anónimas están bajo la regulación del Código de Comercio y de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.
En ambos cuerpos normativos se establecen sanciones para los integrantes de las juntas directivas. El abogado Alejandro Vásquez de la firma Consortium Legal, explicó que aunque la ley no se refiere a los comités, el articulado también se les puede aplicar.
Por ejemplo, el artículo 189 del Código de Comercio establece que los consejeros y administradores “son solidariamente responsables frente a la sociedad de los daños derivados por la inobservancia de tales deberes” encomendados por la ley.
“Son solidariamente responsables si no hubieren vigilado la marcha general de la gestión o si, estando en conocimiento de actos perjudiciales, no han hecho lo posible por impedir su realización o para eliminar o atenuar sus consecuencias”, dice el mismo artículo.
Para Vásquez estos deberes encomendados se relacionan con la lealtad (no estar en conflicto de interés) y la debida diligencia.
Por su parte, la Ley Reguladora del Mercado de Valores expone sanciones adicionales en su artículo 163 para directivos, personeros o empleados de una entidad sujeta a fiscalización de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
“Eso puede ser extrapolado a los comités porque no están regulados en ley, ni en el código de comercio ni en la ley de mercado de valores, sin embargo el código de comercio habla de “demás administradores”, que ese es un concepto muy amplio en la sociedad que podría incluir a los miembros de comité”, explicó Vásquez en una entrevista con El Observador.
Para que esta legislación se aplique, el Banco de Costa Rica (BCR) y la Sugeval tendrían que iniciar procesos internos de investigación para determinar posibles hechos contrarios a lo que establece la ley, a partir de los cuales podrían establecer sanciones.
