Josué Alvarado
Once días después de que entrara a regir un cuestionado acuerdo de la junta directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), este 9 de mayo el Gobierno de Rodrigo Chaves decidió dar marcha atrás y dejarlo sin efecto.
El acuerdo inicial permitía agregar a más de 200 especies animales a la lista de de especies con “interés acuícola” o fines comerciales.
El acuerdo (AJDIP/057-2023) se tomó en la sesión de junta directiva del 28 de marzo anterior. Se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el 28 de abril, fecha en la que entró a regir.
El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattebanch, informó que además de dejarse sin efecto, la normativa será sometida a las autoridades científicas para su valoración.
Por otro lado, el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, señaló que la “explotación” de los recursos naturales se debe hacer de una forma sostenible, en armonía entre lo económico y lo ambiental.
La viceministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, también se había presentado ante la junta directiva de Incopesca para solicitar dejar sin efecto este acuerdo.
Universidades públicas se unieron y cuestionaron el acuerdo
Este 8 de mayo profesionales de cinco universidades solicitaron al Gobierno tomar la decisión, que hoy se anunció.
Entre otras cosas, cuestionaron la redacción del acuerdo, en la que se indicaba que distintas escuelas de estas universidades habían participado en el proceso de consulta.
El documento fue suscrito por:
- Universidad de Costa Rica (UCR)
- Universidad Nacional (UNA)
- Tecnológico de Costa Rica (TEC)
- Universidad Técnica Nacional (UTN)
- Universidad Estatal a Distancia (UNED)
“No todas las universidades aquí representadas recibieron una solicitud oficial de Incopesca sobre la información requerida”, señala el pronunciamiento.
Además, advierten que el acuerdo que Incopesca tomó en marzo de este año no fue preparado bajo una metodología clara y sustentada en datos confiables y verificables.
“Esta nueva lista incluye especies vulnerables, lo cual representa un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense”, añadieron las universidades.
Este medio consultó si el Gobierno investigará los pormenores de la redacción del acuerdo, sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.
