Josué Alvarado
La mañana de este martes 26 de abril el Gobierno confirmó otros dos ataques informáticos contra el sistema público de Costa Rica.
En total suman ocho las instituciones afectadas desde que se dio a conocer el hackeo por parte de Conti.
Uno de los nuevos ataques fue contra la página de la Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA), que reúne a estudiantes y personal de distintas universidades públicas.
“Dicen que tienen todo el portal capturado de esta institución”, comentó el director de Gobernanza Digital, Jorge Mora.
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Durante la tarde de este lunes también se detectó una amenaza de Conti contra el sitio web del Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Sin embargo, el sitio fue desconectado y se contuvo la vulneración.
Con estos ataques ocurridos durante las últimas horas ya son ocho las instituciones afectadas desde que se detectó la amenaza, el domingo 17 de abril.
- Ministerio de Hacienda
- Ministerio de Trabajo
- Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf)
- Instituto Meteorológico Nacional (IMN)
- Radiográfica Costarricense (Racsa)
- Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA)
- Instituto de Desarrollo Rural (Inder)
- Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec)
Gobierno estudia si es información sensible
Distintas directrices emitidas por el Gobierno de Carlos Alvarado buscan frenar este ataque y dimensionar qué tanto daño podría generarse con el robo.
Hasta ahora, ante las consultas de la prensa Mora no sabe cuándo se van a restablecer los servicios afectados, o qué tan sensible es la información que ya se ha publicado en la “red oscura” o darkweb.
Este lunes 25 de abril el director de Gobernanza Digital dijo que el robo equivalía a más de Terabyte (TB) de información, que fue la cifra inicial anunciada por los ciberdelincuentes. Pero no precisó el nuevo dato.
“Quienes tienen las cifras son los ciberdelincuentes”, respondió Mora.
Pero mientras tanto, el Gobierno ordena a las instituciones centrales asegurar todas las credenciales y pedir ayuda presupuestaria en caso de no contar con recursos. Estas medidas se deberán implementar “a la brevedad”, sin que se se haya especificado un plazo.
Otra de las directrices gubernamentales es que todas las instituciones del Gobierno Central que detecten algún tipo de extracción deberán hacer un informe en el que señalen qué tan sensibles eran los datos robados.
La orden es que se “haga la valoración sobre la información que fue sustraida para tomar las medidas judiciales”.
Mora hizo un llamado a las instituciones descentralizadas y autónomas en el mismo sentido.
También pidió al sector privado que extreme las medidas de seguridad y en casos de ataque que recurran a las autoridades judiciales.
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El Gobierno dice que todavía no tiene reportes de empresas privadas que hayan sido afectadas por este ataque cibernético.
