Josué Alvarado
El Gobierno de Carlos Alvarado reiteró este viernes que no pagará al grupo de hackers Conti por los ataques a los sistemas informáticos de varias instituciones públicas.
Esto luego de que, en apariencia, los ciberdelincuentes advirtieron al país que si no se comunicaban con ellos aumentarían los alcances del ciberataque.
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Sin embargo, tal y como ha ocurrido desde el 18 de abril, el Gobierno aseguró que no pagará.
Dicha posición ha sido acuerda por el sector empresarial y las recomendaciones de los profesionales en la materia.
El director de Gobernanza Digital, Jorge Mora, actualizó que en los equipos técnicos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), presentaron un incidente de amenaza informática, debido un tráfico sospechoso.
Ningún sistema del MEIC será dado de baja en las próximas horas, como sí ha ocurrido con otras instituciones.
“Hasta ahora no se ha detectado la pérdida de información, información encriptada, bases de datos o sistemas informáticos de ningún funcionario”, señaló el MEIC a través de un comunicado de prensa.
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Según el último reporte del Departamento de Gobernanza Digital del Gobierno, hasta ahora son ocho las instituciones que han estado bajo ataque:
- Ministerio de Hacienda
- Ministerio de Trabajo
- Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf)
- Instituto Meteorológico Nacional (IMN)
- Radiográfica Costarricense (Racsa)
- Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA)
- Instituto de Desarrollo Rural (Inder)
- Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec)
Servicios siguen desconectados
Hasta ahora, ante las consultas de la prensa Mora no sabe cuándo se van a restablecer los servicios afectados, o qué tan sensible es la información que ya se ha publicado en la “red oscura” o darkweb.
El pasado lunes 25 de abril el director de Gobernanza Digital dijo que el robo equivalía a más de Terabyte (TB) de información, que fue la cifra inicial anunciada por los ciberdelincuentes. Pero no precisó el nuevo dato.
“Quienes tienen las cifras son los ciberdelincuentes”, respondió Mora.
Pero mientras tanto, el Gobierno ordena a las instituciones centrales asegurar todas las credenciales y pedir ayuda presupuestaria en caso de no contar con recursos. Estas medidas se deberán implementar “a la brevedad”, sin que se se haya especificado un plazo.
Otra de las directrices gubernamentales es que todas las instituciones del Gobierno Central que detecten algún tipo de extracción deberán hacer un informe en el que señalen cuán sensibles eran los datos robados.
