Paula Ruiz
El Gobierno presentó este miércoles la Operación Costa Rica Segura que incluye proyectos de ley para combatir el crimen organizado y el flagelo de la violencia.
Sin embargo, excluyó un plan de extinción de dominio que permitiría el decomiso de bienes adquiridos mediante el negocio del narcotráfico.
Desde 2015 se presentó una iniciativa en el Congreso para este fin, sin embargo, tras la ampliación de su plazo que vencerá el próximo 13 de mayo, sigue sin aprobación alguna.
De acuerdo con Rodrigo Chaves, presidente de la República, se tomó la decisión porque todavía no está convencido de que este plan no toque los bienes de personas decentes.
“No estoy convencido de que tengamos la habilidad en el Poder Ejecutivo y Legislativo de dar ese paso que podría dañar los derechos de propiedad de personas decentes. Hay varios temas pendientes como el secreto bancario, la extinción de dominio, todavía eso hay que pensarlo más”, confesó.
De esta manera, confesó que ese tema será visto hasta que haya certeza de que la libertad y el debido proceso se respetan en Costa Rica.
“Son importantes, pero no incluyen lo urgente que tenemos ahora entre manos”, señaló.
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Chaves afirmó que su objeción también tiene que ver con que primero se realiza el decomiso de los activos y luego el sospechoso debe probar su inocencia, revirtiendo así, la carga de la prueba.
Por lo pronto, están interesados en que el Congreso aprueba una reforma al artículo 2 de la Ley de Crimen Organizado.
Otras iniciativas
Por otra parte, como parte del plan de seguridad del Gobierno, se anunció una iniciativa para permitir la extradición de costarricenses sospechosos de tráfico internacional de drogas, en otros países.
De esta manera, serán enviados los costarricenses que sean juzgados al país donde cometieron el delito, informó Casa Presidencial.
Las otras iniciativas son:
- Para resguardar la seguridad pública y contener los delincuentes que representan un peligro para la sociedad: se pretende una mano firme por parte de los Jueces y que se envíen a la cárcel a las personas que cometan actos criminales violentos.
- Ley de Control de Armas: se busca cerrar el portillo para que los delincuentes no tengan armas.
- Modernización de intervenciones telefónicas: Se buscará tener autorización para escuchar conversaciones de los homicidas y violadores, entre otros.
- Reforma a la Ley Penal Juvenil: para juzgar a los menores relacionados con el crimen organizados, como adultos.
Además se anunció el aumento diario de oficiales, pasando de 3.000 a 9.500 en las calles, con cambios temporales en el rol de trabajo y descanso de la Fuerza Pública.
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