Paula Ruiz
El Gobierno no incluirá la lista de obras en riesgo inminente que realizaría dentro del proyecto de ley que pretende financiar estos proyectos mediante un crédito por $700 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Ante ello, surge el reclamo de los diputados Eli Feinzaig del Liberal Progresista (PLP) y José Joaquín Hernández de Liberación Nacional (PLN) a la ministra de Planificación, Laura Fernández quien alega que lo mejor es no ponerle “nombre y apellidos” a las obras.
La jerarca defendió que después de conversar con emergenciólogos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), estos detallaron que una obra puede estar en tonalidad de color “amarillo” y que en un mismo día pueda pasar a riesgo crítico después de sucedida una eventualidad.
“Como una previsión en un país como Costa Rica que por su ubicación científica es susceptible (…) es que se ha pensado que lo más ideal para que este proyecto no se convierta en un proyecto demasiado reglamentista y una camisa de fuerza a mediano plazo, es que no se incluya la lista taxativa de los de riesgo inminente por si ocurre una desgracia, que ni Dios lo quiera, y tenemos que actuar ya y modificar un proyecto por otro”, señaló ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
También, ejemplificó con la posibilidad del terremoto de Osa, lo cual podría dejar peor una obra que no estaba contemplada y por tanto, eso implicaría volver a la Asamblea Legislativa para hacer las modificaciones necesarias con tal de excluir una e incluir esta otra para su atención.
Tanto Hernández como Feinzaig, cuestionaron que para eso ya existe el Fondo Nacional de Emergencias y por tanto, estarían dando un cheque en blanco al Gobierno para atender proyectos a futuro, pese a que ya se encuentren dentro de una Declaratoria Emergencia emitida previo a la aprobación del crédito.
“Si ahora me dice que esa plata va a quedar como caja chica, no me está quedando claro”, criticó el liberal.
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Cambio de discurso
Feinzaig también destacó que con él se ha reunido personal para explicarle el estado de las obras que se financiarían con el préstamo.
Sin embargo, para él ahora se está cambiando de discurso porque ahora no hay certeza de que esos proyectos vayan a ejecutarse por una eventualidad a futuro.
“Al final de cuentas, nos están pidiendo es plata para tener holgura para financiar lo que suceda”, puntualizó.
Frente a esto, la ministra de Planificación confirmó que el Gobierno sí requiere tener holgura “para poder administrar sus competencias con los vehículos financieros que ustedes nos aprueben”.
Fernández descartó que se trate de un cheque en blanco para el Poder Ejecutivo ni un antojo de la administración de turno.
Legisladores de oposición que integran ese foro legislativo, rechazaron que estén opuestos a esta iniciativa, pero sí advirtieron que se han abocado a analizarlo en profundidad lo cual ha permitido acciones como una reducción en las tasas de interés.
En esta materia, Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión, destacó que originalmente la tasa era de 8.87% sin embargo, tras señalamientos del panel legislativo, el BCIE la redujo a 8.64%, mientras que $67 millones tendrán una de 7.62% y otros $43 millones con 1,50%.
“Estamos muy satisfechos y satisfechas de que comprendieran que había que reducir los intereses y eso producirá un ahorro de más de $60 millones a Costa Rica”, declaró la liberacionista.
“Aquí nadie está en contra, estamos asegurando procedimientos, controles, para que ojalá eso se concrete y no sea como los ejemplos que tiene Costa Rica de malas ejecuciones”, defendió Hernández por su parte.
También negaron que estén atrasando el crédito y por tanto, recordaron que pese a la promesa de presentar el plan desde noviembre de 2022, fue hasta marzo cuando ingresó a la corriente legislativa.
No obstante, debido a trámites previos fue hasta mayo que ingresó al orden del día de la Comisión. Entre mayo y julio, no fue convocado a sesiones extraordinarias cuando el Gobierno tenía el control de la agenda legislativa.
Fue hasta agosto -en sesiones ordinarias- cuando se realizaron audiencias, pero se vio frenado en setiembre y octubre porque debían analizar Presupuesto Ordinario, Presupuesto Extraordinario y una modificación presupuestaria los cuales tienen prioridad en la agenda legislativa.
El análisis se retomó en noviembre, en un nuevo periodo de sesiones extraordinarias.
