Mariana Mena
El Ministerio de Educación Pública (MEP) registra 722 órdenes sanitarias para centros educativos del país, de los cuales 38 deben construirse nuevos.
Al menos así lo registra la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) con corte a diciembre anterior ante consulta de El Observador.
A menos de un mes de que arranque el curso lectivo, las autoridades de educación reconocen que es imposible solucionar las deficiencias de muchos lugares a estas alturas.
“El tema de la infraestructura ha decaído mucho en los últimos años. No hay una varita mágica para decir que en febrero están todos arreglados.
“Pero sí podemos decir que hemos tomado control, mapeado los centros educativos y hecho un replanteamiento de acción”, indicó Anna Katherina Müller, titular del MEP.
Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), en octubre del 2022, el Ministerio de Educación no tiene información sobre 292 órdenes sanitarias.
“Consideramos que el MEP no cuenta con un proceso estándar para recopilar, procesar y actualizar información de manera sistemática y simplificada”, señaló la Contraloría.
Esto al detectar una desigualdad entre los números que reportaba el Ministerio de Salud en comparación con los de la entidad rectora de la educación.
Se consultó al Ministerio de Salud sobre las órdenes sanitarias en escuelas y colegios, sin embargo, al cierre de edición no se logró obtener el dato.
Según la exdirectora de infraestructura del MEP, Catalina Salas, ante los diputados en setiembre pasado, se necesitan ¢200.000 millones para la atención de todos los centros con orden sanitaria.
Muchas escuelas y colegios sufrieron graves daños tras la afectación del huracán Julia y las fuertes lluvias en 2022. (Cortesía MEP)
Desde cero
“Hay 38 centros que van a ser atendidos vía el Decreto de vulnerabilidad; serán construidos totalmente nuevos. Los estudiantes estarán en una situación alterna”, resaltó la ministra Müller.
Mediante decreto también se van atender otros 220 centros educativos.
Además, mencionó que se han realizado reuniones con las diferentes Juntas Escolares. Esto para mover procesos que se puedan atender pronto.
Durante el 2022, los centros de estudio sufrieron problemas producto de las fuertes lluvias y las inundaciones.
Según el decreto de emergencia N°43752 y N° 43754-MP, la provincia de Limón es de las comunidades definidas como prioridad. Además de:
- Pérez Zeledón
- Buenos Aires
- Coto Brus
- Corredores
- Golfito
- Osa
- Alajuelita
- Aserrí
- Desamparados
“Estos lugares entran en la lista de prioridades por daños generados tras el paso del Huracán Julia y las inundaciones que afectaron mucho en 2022”, indicó Dayna Orozco, del MEP.
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Presupuesto
Para el 2023, el MEP cuenta con un presupuesto de ¢2,52 billones y significa una disminución de casi ¢40.000 millones en comparación con el 2022.
Mientras que el ministerio a través del programa presupuestario 554, posee los siguientes rubros para el 2023:
- Servicios profesionales: de ingeniería y arquitectura, un presupuesto de: ¢625 mil millones.
- Edificios – Construcción llave en mano-, un presupuesto de: ¢3.538 millones.
- Para Juntas de Educación y Administrativas: ¢4.881 millones.
En el caso de las Juntas, el MEP distribuye según la construcción, mantenimiento y adecuación de obras, en las diferentes escuelas y colegios.
Por otro lado, se prevé un faltante de recursos en tres partidas específicas para prestar los servicios en todo el 2023.
De acuerdo con Leonardo Sánchez, viceministro de planificación del MEP, aunque no hablan de un déficit, sí tienen claro la afectación que habrá.
“Hemos planteado, al menos, que sí va a ser falta ¢23.000 millones en transporte, ¢28.000 millones en infraestructura y ¢10.000 millones en telecomunicaciones, sujetos a una revisión continua de enero a junio para ver el comportamiento del presupuesto”, afirmó Sánchez ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
En comparación con el presupuesto otorgado para el 2022, el MEP tiene una disminución de ¢40.000 millones.
Esto implica un decrecimiento de 0,4% y equivale a un 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB), lejos de lo establecido constitucionalmente (8%).
