Allan Arroyo
La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó este jueves la apertura de una investigación de oficio por los fuertes cuestionamientos que hizo el presidente, Rodrigo Chaves, a la gestión del Ministerio Público en el presunto “megacaso” de fraude fiscal.
En el comunicado se informa que Inspección Judicial abrió el expediente para una causa disciplinaria con el número 23-000216-031-DI.
“El objeto de la investigación es sobre el presunto conflicto de interés expuesto en la conferencia,” amplía la comunicación.
El Poder Judicial aclara también que las pesquisas son preliminares por lo que no señalan a alguna persona en particular, sin embargo mencionan que se tiene la potestad de investigar únicamente a funcionarios judiciales.
También enfatizan en que la Inspeccion Judicial no tiene competencia en las investigaciones penales que desarrolla el Ministerio Público.
Lo que dice el gobierno
Primero fue la diputada, Pilar Cisneros, y este miércoles el mandatarios quienes arremetieron contra la Fiscal Adjunta de Delitos Económicos, Criss González.
Le cuestionan la manera en la manejó la denuncia de Hacienda por un presunto fraude fiscal de 11 mil millones de colones contra el banco privado BCT y su presidente, Leonel Baruch.
Cisneros y Chaves critican que en 55 días, el Ministerio Público pidiera la desestimación del caso, que no se lograra traer prueba desde Panamá y que la petición se diera el 2 de enero, cuando afirman el Poder Judicial estaba de vacaciones.
“Hablando con mis colegas de bufetes tributarios (que llevan casos similares) dicen que tardan años en pedir la desestimación,” argumentó el presidente, en la conferencia de prensa, posterior al Consejo de Gobierno.
Por su parte, la diputada oficialista se refirió al tema en el Plenario Legislativo. “Me pregunto, por cierto ¿Qué acciones de investigación hizo la fiscala? ¿Hizo entrevistas a los funcionarios de Hacienda? ¿Documentó las pruebas que debió haber solicitado a Panamá? ¿Hay pruebas concretas de Panamá? Wow, hay muchas preguntas sin contestar”.
“Como este es un caso complejo, muy técnico, normalmente se tardan un año o dos años, pero en esta ocasión bastaron 55 días hábiles, óiganlo bien, 55 días hábiles y 84 días naturales para que la Fiscalía recomendara la desestimación”, siguió en su discurso.
“Saben qué, los felicito, de corazón los felicito por su eficacia y eficiencia, ojalá hubieran sido así de ágiles con otros casos como la Trocha, que apenas va a llegar a juicio 11 años después”, señaló.
Otra de las críticas del oficialismo es que Gonzáles fue subalterna de Baruch, señalado en el caso, cuando trabajaron en el Ministerio de Hacienda por casi tres años (de 1999 a 2001), por lo que, a criterio de Chaves, tuvo que separarse de este expediente.
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Fiscal se defiende
La fiscal González emitió un comunicado de prensa el miércoles por la noche rechazando los señalamientos.
La funcionaria fue clara en que el día 2 de enero estaba laborando, siguiendo las instrucciones del aviso N°25 del Consejo Superior del Poder Judicial.
“En cumplimiento de la directriz emitida por la Unidad Administrativa del Ministerio Público, en acatamiento de dicho aviso, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios informó, el martes 06 de diciembre de 2022, que un fiscal de nuestra oficina laboraría del 26 al 30 de diciembre y mi persona laboraría del día 02 al 06 de enero del presente año; además, se informó que los técnicos judiciales también trabajarían en esas fechas para dar soporte a los fiscales”, puntualizó González.
Con respecto a su presunto ligamen con Baruch aclaró en que nunca lo tuvo como jefe directo.
“En relación con mi trabajo en el Ministerio de Hacienda, informo que laboré en esa institución a partir de enero de 1999, específicamente en la Dirección Jurídica, siendo mi jefa directa la licenciada Dagmar Hering, Directora Jurídica de ese despacho. En ese sentido, mi trabajo se regía por las asignaciones que daba la Directora Jurídica de ese Ministerio”, especificó la fiscala.
Luego, solicitó un permiso sin goce de salario entre el 2000 y 2001 para participar en una beca para una maestría en derecho empresarial.
Con respecto del caso, la fiscala defendió que por el expediente 22-000070-0621-PE sí se realizó un trámite con sus homólogos de Panamá.
“Al respecto, consultada la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del MP, se nos informó vía correo electrónico que, ante consulta realizada, su homólogo en Panamá comunicó que los delitos contra el Tesoro Nacional o defraudación fiscal fueron tipificados mediante Ley No.70 del 31 de enero 2019 y que, antes de su entrada en vigencia, tales conductas eran competencia de la esfera administrativa y no penal”, respondió González.
Producto del análisis de los elementos de prueba que se aportaron dentro de la denuncia que dio origen a dicha causa, se remitió por parte de la Fiscalía requisitoria de peritaje ante la Sección Anticorrupción de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial, siendo que, mediante Informe No.222-SADEF-NR-454-22 del 21 de octubre 2022, se comunicó que, para realizar la pericia contable requerida por parte de nuestra fiscalía, se necesitaba el “trámite de una asistencia internacional a la República de Panamá, con el fin de obtener prueba para el caso”.
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Puntos de vista
Para el presidente Chaves, el caso aún no está cerrado y argumenta que la desestimación debe ser aprobada por un juez, y en caso de nuevos elementos, la investigación se reactiva.
El Poder Ejecutivo instruyó a la Procuraduría General de la República para que se convierta en acusadora en este proceso, con la instrucción de analizar el procedimiento del Ministerio Público y aportar las pruebas que sean necesarias, incluyendo nuevas gestiones para traer los elementos “necesarios y útiles desde Panamá.
Esa decisión no cayó bien entre los diputados de diferentes fracciones quienes consideran que el mandatario podría estar “pasando la raya.”
“Es clarísimo que aquí se está rompiendo el orden constitucional. Se está agrediendo la división de Poderes. Que un presidente diga que va a poner al Procurador a que investigue, invadiendo las funciones que son de la Corte Suprema de Justicia…”, dijo Dinorah Barquero del PLN.
Sofía Guillén del Frente Amplio también aseguró que lo que se vio este miércoles en la conferencia de prensa de Chaves fue un intento para deslegitimar el trabajo del Poder Judicial y sobre todo del Ministerio Público.
“Me llama mucho la atención que creo que de fondo lo que hay acá es un intento por deslegitimar a la Fiscalía y el Poder Judicial, que sabemos no son perfectas”, mencionó la frenteamplista.
Por su parte, el Fiscal General, Carlo Díaz, afirmó en entrevista con El Observador, que “de lo que ella me indica (la fiscal González) yo no veo ningún actuación que no sea legal y que no sea comprensible”.
