Hermes Solano
Ante una consulta de la diputada del Partido Liberación Nacional, Alejandra Larios, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, a través de Erick Chirino, consideraron como peligroso la aprobación del proyecto para combatir el crimen organizado.
El expediente 23.090 se desconvocó el martes, pero fue convocado nuevamente este jueves ante la petición hecha por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias y quien se reunió con el fiscal general, Carlo Díaz y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.
¿Qué dijo el Instituto? “La aprobación de este proyecto produciría efectos indeseables en la administración de justicia penal, se prestaría a interpretaciones sumamente contradictorias que encontrarían fundamento en normas igualmente contradictorias”, dice el documento firmado por Chirino.
“Provocaría un escaso favor a la necesidad sentida de claridad en una materia tan sensible para la atención de los problemas de seguridad pública en el país”, añadió.
La iniciativa busca “arreglar” la derogatoria de varios artículos en la Ley contra el Crimen Organizado, sucedido desde el Congreso en 2019.
“El mayor problema de este proyecto es la remisión a disposiciones previas, parcialmente reformadas o trastocadas por la sucesión de leyes que antes se ha descrito, con efectos altamente indeseables en materias tan sensibles como prisión preventiva, jurisdicción y competencia”, indicó la respuesta del ente.
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Son interpretaciones
El Observador le consultó al fiscal general, Carlo Díaz sobre este señalamiento y enfatizó que esas son interpretaciones que ya se han venido dando incluso desde diferentes tribunales.
“Interpretaciones siempre van a haber, incluso ya se han estado dando. Hay diferentes posiciones de diferentes tribunales de apelación de sentencia”, dijo el jefe del Ministerio Público.
El fiscal señala que será la Sala Tercera la que confirme finalmente una sentencia de un caso de este tipo, interpretando la ley.
“Existe la instancia, que es la Sala Tercera, que al final de cuentas es la que va a definir la interpretación, pero definitivamente tenemos que avanzar con este proyecto”, explicó.
Ante el riesgo de que los casos se puedan caer por una falla en la aplicación de la ley una vez se apruebe, Díaz dijo que es temprano para hablar de eso y que lo que urge es aprobar el proyecto.
“Es muy prematuro hablar de eso en este momento. Ya existen posiciones que avalan este procedimiento y en cuanto a la retroactividad no hay problema porque ninguna ley se va a aplicar de manera retroactiva”.
Díaz se reunió hoy con Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa. (Archivo/ El Observador)
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Con dudas
Aunque esta iniciativa tiene el apoyo de prácticamente todas las fracciones y todos los diputados, salvo excepciones, como Carolina Delgado y Danny Vargas, hay otros que dicen tener dudas.
Una de ellas es la oficialista Pilar Cisneros, quien mencionó el documento del Instituto de la UCR y otros abogados especialistas, para no tener claro el tema respecto a la legalidad.
“Sigo teniendo dudas. El famoso artículo 2… Hoy volví a leer un documento del doctor Chirino que dice que está derogado. Es un asunto muy técnico y me voy a tomar estos días, yo en lo personal, no estoy diciendo la fracción, para analizarlo y estudiarlo”, indicó la legisladora.
“Quiero entender lo mejor posible y por eso estoy buscando la opinión de especialistas”, añadió.
El tema está abierto y ya el Gobierno volvió a convocarlo, por lo que se discutirá a partir del lunes en el Plenario.
