Paula Ruiz
El alcalde de San José, Johnny Araya, presentó este lunes un proceso ordinario de conocimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en contra de la Contraloría General de la República (CGR).
Esto, tras la sanción realizada por el ente contralor por el caso de los parquímetros. Araya estuvo fuera de sus labores como gobernante local entre el 6 de junio y 5 de julio para cumplir con esta sanción.
“Los argumentos en los que fundamenta la Contraloría esta sanción, que, dicho sea de paso, ya he cumplido, no tienen sustento jurídico ni fáctico y se basan en razonamientos que no corresponden a la realidad de los hechos”, dijo Araya.
El político solicitó la nulidad absoluta de la resolución tomada por la Contraloría y en consecuencia, “la ilegalidad de la sanción impuesta”, según expuso esta mañana.
Asimismo, solicitó una condena en contra del ente contralor por el daño moral y pago de costas del proceso.
Este caso se remonta a 2018 cuando la Municipalidad de San José pagó la millonaria indemnización a la empresa española Setex Aparki por ¢253 millones. Pero, según la Contraloría, el alcalde actuó “de manera negligente e imprudente” al permitir dicho pago.
La firma adujo que esperaba una ocupación de entre el 60% y el 70% en su servicio. Sin embargo, luego se actualizó al 13%. Ante ello la empresa exigió la indemnización por un supuesto desbalance en sus finanzas, medida que según la Contraloría carecía de fundamento técnico y legal.
La defensa de Araya
Araya defendió este lunes que las decisiones se tomaron con base en el ordenamiento jurídico con el objetivo de mantener el equilibrio económico financiero de la contratación que existía con la compañía.
Señaló que lograron un acuerdo con la empresa para la indemnización, el cual significó un 50% menos de lo reclamado.
“Con estas acciones, la municipalidad evitó una inminente demanda judicial, la cual, según abogados de la institución, tenía un alto grado de probabilidad de que prosperara, lo que obligaría a la municipalidad a un pago muchas veces mayor a lo que fue el monto de la indemnización reconocida”, afirmó el alcalde.
Araya justificó la indemnización de la empresa al indicar que se logró comprobar que en la licitación se estimaron cifras de ocupación de los espacios más del 100% más altas de lo que en la realidad ocurrió.
De esta manera, el municipio mantuvo el contrato con Setex lo cual “permitió que los ingresos recibidos por la municipalidad por dicho servicio aumentaran exponencialmente año con año, al punto que hoy figura entre los cinco ingresos más importantes de la institución”, destacó el líder municipal.
De acuerdo con el alcalde, la Contraloría afirmó que no habían estudios técnicos y financieros para tomar la decisión de indemnizar a la empresa.
Araya también estuvo fuera del municipio josefino entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 por el caso Diamante.
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