Desde la Columna
Por Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
La Cámara de Industrias de Costa Rica ha sido pionera en promover reformas en el sector energía; en procura de una mayor competitividad país y propiciar, así, un mayor nivel de empleo y bienestar para toda la ciudadanía.
Si bien el país ya logró llevar la electricidad al 99% del territorio, ahora el reto es la descarbonización de la economía. Para ello hay que sustituir combustibles fósiles por electricidad y ese cambio requiere tarifas eléctricas competitivas que motive a los usuarios de combustibles trasladar sus procesos de producción, cocción de alimentos, movilidad, etc, al consumo eléctrico, un insumo que se puede producir en el país. Esto también reduce la vulnerabilidad ante la dependencia de combustibles importados.
Aunque la industria usa solo una pequeña parte de combustibles fósiles que se consumen en el país – 11% aprox.-, cuando se agrega el consumo de todos los sectores, se observa que para el año 2021, los costarricenses consumimos un 68% de energía proveniente de derivados del petróleo, lo que nos aleja de las metas de descarbonización de la economía, pues más bien en los últimos años hemos aumentado el consumo de combustibles. Por ello, es necesario modernizar el marco legal del sector eléctrico, que brinde la seguridad jurídica que la inversión privada requiere para invertir en este proceso.
El campo para sustituir consumo de combustible por consumo eléctrico es enorme, y la aprobación de esta ley ofrece una oportunidad que no podemos perder; descarbonizar la economía, apoyados en la modernización y crecimiento del sector eléctrico.
Si consideramos el impacto de la electricidad en la producción y la competitividad del país, promover reformas que mejoren la eficiencia y competitividad de las tarifas eléctricas es una prioridad. En el caso del sector eléctrico existen múltiples leyes que han sido aprobadas en diferentes momentos en el tiempo y para diferentes propósitos, como fue la creación del ICE, la ley de empresas municipales, la ley para las cooperativas de electrificación, la ley para dar participación a la generación privada y no necesariamente tienen como hilo conductor las necesidades del consumidor o cliente.
Lo anterior unido a una rectoría débil, una planificación deficiente, proyectos que resultaron caros y ninguna competencia entre los productores y distribuidores, afecta las tarifas que paga el consumidor.
Por todo esto, es una prioridad conocer a fondo el proyecto de “Ley de Armonización del Sector Eléctrico Nacional”, su filosofía y los principales cambios que vienen a solucionar problemas que se presentan en la relación de los diferentes participantes, en la planificación y operación diaria, que afectan la eficiencia y competitividad de las tarifas que pagan los consumidores.
Ahora el avance está en manos de los señores diputados de la Asamblea Legislativa, pero necesita la participación de todos los actores que participan en la generación, distribución y comercialización de la electricidad.
Si bien el proyecto tiene oportunidades de mejora, todos los actores participantes, el ICE, las empresas de distribución eléctrica representadas en CEDET, los generadores privados representados en ACOPE, la Autoridad Reguladora (ARESEP),el MINAE, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, a través de la Comisión de Energía de la Asamblea Legislativa, en conjunto con el sector privado, debemos avanzar en la aprobación de una ley que venga a armonizar y modernizar el marco jurídico y con ello mejorar el clima de negocios en un sector estratégico para el desarrollo ambiental, económico y social del país.
Desde la Columna
