Karina Alpízar
Los magistrados declararon con lugar una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto Ejecutivo n.º 41996-MP-MIDEPLAN del 14 de octubre del 2019, el cual creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El pronunciamiento de la Sala Constitucional trascendió la tarde de este jueves 17 de agosto, donde la decisión fue tomada por mayoría. Considerando “los efectos que produjo esta norma (la UPAD) mientras estuvo vigente”.
En ese sentido, los magistrados consideraron una infracción al principio de reserva legal en materia de regulación de derechos fundamentales.
“Por mayoría, el Tribunal resolvió que el artículo 7 párrafo segundo del decreto impugnado infringió el derecho a la autodeterminación informativa y el principio de reserva legal en materia de regulación de derechos fundamentales, y que excedió la potestad reglamentaria en lo que se refiere al otorgamiento de potestades de imperio a dicho órgano”; destaca
En la votación estuvieron presentes Fernando Castillo Víquez (magistrado presidente), Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas, y los magistrados suplentes José Roberto Garita Navarro y Alejandro Delgado Faith.
El magistrado Rueda salvó el voto y declara sin lugar la acción.
La UPAD fue creada por el mandatario Carlos Alvarado, según justificó , con el objetivo de ayudarle a tomar decisiones en materia de desarrollo social y económico, no obstante trascendió que la organización manejaba datos confidenciales de los costarricenses.
El 10 de febrero del 2021, el exmandatario Carlos Alvarado compareció en la comisión legislativa investigadora del caso de la UPAD. (Jose Díaz/Agencia Ojo por Ojo)
Caso en proceso
En febrero de este año, la Fiscalía de la República solicitó levantar la inmunidad del presidente Carlos Alvarado e iniciar un juicio por el caso de la UPAD.
Además de Alvarado, se solicitó el mismo proceso para Víctor Morales, exministro de la presidencia y exdiputado del PAC.
En ese mismo mes, Alvarado y Morales recibieron una querella y una demanda civil por ¢20 millones por parte de la de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), por supuesto «prevaricato» en el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Tras la salida de Presidencia, el proceso penal contra Carlos Alvarado se gestiona en los tribunales ordinarios, lo que implica que tomaría más tiempo en resolverse, ya que, se tramite como otras demandas en espera de atención.
El 28 de febrero del 2020, la Fiscalía General de la República allanó Casa Presidencial, y otros nueve puntos, entre ellos el Ministerio de Planificación y cuatro casas de habitación. ( Archivo/ El Observador)
Karina Alpízar
