Allan Arroyo
El Instituto Nacional de Seguros (INS), con el respaldo del Gobierno, mantiene en desarrollo el proyecto de Marchamo Digital.
Así lo informaron el 26 de abril en conferencia de prensa, cuando dieron el banderazo de salida, y lo ratificaron el pasado 9 de junio, al lanzar la primera licitación.
El plan también genera críticas y dudas en algunos sectores y expertos. Aquí les explicamos qué es Marchamo Digital y los cuestionamientos que lo rodean.
Imagen compartida por el Gobierno en video sobre Marchamo Digital. (captura de pantalla)
¿Qué es Marchamo Digital?
El INS describe el Marchamo Digital como “una iniciativa país que modernizará los sistemas”.
Consiste en el cambio de los tradicionales stickers, que se pegan en el parabrisas de cada vehículo, por una etiqueta inteligente.
El director del proyecto, Carlos Mejías, dijo a El Observador que la nueva etiqueta tendrá un tamaño similar a la calcomanía actual, con un microchip y una pequeña antena.
¿Qué información tiene y qué hace?
El chip, según el instituto, solo tendrán información básica como el número de placa y el VIN o número de identificación de cada carro. Esto es lo que sucede actualmente en el marchamo de manera visible.
La tecnología se llama RFID, identificación por radio frecuencia. Según un comunicado de Casa Presidencial “permite identificar objetos (en este caso automóviles) mediante ondas de radio de manera única y pudiendo captar cientos de objetos a la vez”.
Las autoridades defienden que estos chips no contienen un GPS para rastrear el automotor. Tampoco monitorean ni tienen la capacidad de tramitar información a largas distancias.
“Estamos seguros que el sticker no hace control de ninguna manera, porque no está activa, no manda información constantemente.
“Solo el lector es el que puede decir que información sustrae y es pública, como la placa y demás”, indicó la presidenta del INS, Mónica Araya.
¿Cuáles beneficios trae?
El INS asegura que son al menos tres los beneficios de este cambio de tecnología:
- Se logra digitalizar las gestiones relacionadas con el marchamo
- Mejora los procesos de control vehicular con el pago del derecho de circulación
- Simplifica trámites. Las autoridades destacan que la etiqueta se cambiará cada 10 años, por lo que el dueño de vehículo solo acudirá de manera presencial el primer año a retirarla (como sucede actualmente). Los pagos para los próximos años podrán hacerse de manera virtual.
¿Cuánto cuesta?
El INS reconoció una alta inversión inicial, pero menor costo a largo plazo. La licitación lanzada es por ¢4.860.864.283, como consta en el Sistema de Compras Públicas (Sicop), para la compra de 1.800.000 etiquetas.
En diferentes comunicaciones, la entidad defiende que la inversión por carro es de ¢2.000 cada 10 años.
Aún resta una licitación adicional para el sistema operativo, o software, que permitirá el uso de la tecnología.
“Estamos próximos” dijo la presidenta ejecutiva del INS, el jueves anterior, al ser consultada sobre el proceso.
¿Para cuándo?
El proyecto se empezó a gestar en noviembre cuando fue presentado al mandatario Chaves, y en cuestión de cinco meses, ya se lanzó la licitación, reconoció el gobierno.
El INS no da una fecha certera para la implementación y será en este 2023 o 2024. Todo dependerá del proceso de licitación para la entrega de las etiquetas al 1 de noviembre, cuando inicia el cobro por ley del marchamo.
La institución maneja ambos planes para este año: desarrollar el cambio tecnológico o mantenerse con el modelo ya conocido.
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Próximas etapas
Este es el punto que genera dudas entre los expertos en derecho y protección de datos.
El INS insiste que la primera etapa es solo el cambio de etiquetas, pero abogados consultados por El Observador cuestionan otros fines que podría tener el proyecto en el futuro.
“En la segunda etapa, vamos ver las asociaciones público-privadas para que pueda entrar al parqueo, para el accionar del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Policía de Tránsito”, dijo el mandatario, Rodrigo Chaves, en la conferencia del 26 de abril.
El Gobierno no ha dado plazos para las próximas etapas pero Chaves manifestó la posibilidad de que los semáforos inteligentes identifiquen los chips para dar paso en presas, o regular la restricción vehicular en San José, “sin que tenga que estar un oficial viendo”.
También se habló de la posibilidad de recuperar carros robados y dar paso prioritario a ambulancias y vehículos de emergencia de forma automática.
Con la colocación de dispositivos de lectura en puntos estratégicos, se podría identificar el paso de vehículos, advierte los expertos sobre marchamo digital. (Captura de pantalla)
El director del proyecto Marchamo Digital en el INS, Carlos Mejías, aseguró a El Observador, que esas próximas etapas no están definidas, y que es necesaria más tecnología y estudios.
“¿Qué se puede hacer con esto? Sí podría eventualmente ser leído con lectores de proximidad como pistolas, también con antenas que se aprovisionen, pero son elementos este que estarían para otras etapas y que aún corresponderían los análisis y las factibilidades técnicas, las factibilidades financieras y las actividades jurídicas, principalmente en el momento que corresponda analizar una implementación de este tipo”, aclaró.
Dudas y cuestionamientos
Para el ingeniero y exministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar, el plan del INS puede ser loable y consistente en buscar la digitalización de los procesos, pero requiere de condiciones claras.
El experto pide explicaciones sobre el manejo de la información que tendrá el marchamo, el uso y quienes tendrán acceso a esos datos.
“Creo que es esencial que se abra el espacio para que expertos en tecnologías digitales, inteligencia artificial, ciberseguridad, derecho informático, expertos en protección de datos tengan la oportunidad de girar algunas observaciones en función de que dicho proyecto tenga toda la potencialidad”, opinó Salazar, quien respalda el uso de nuevas tecnologías.
El exjerarca y consultor considera que es necesario garantizar la seguridad de la información personal y que todos los actores conozcan como operará un dispositivo que será de uso obligatorio.
“Recordemos que en un mundo hiper digitalizado es fundamental la seguridad técnica y jurídica que tengan las personas con el uso de información, por eso es que dar espacio a este discusión nos permite como costarricenses avanzar en la sociedad de la información”, enfatizó.
En declaraciones a este medio, el abogado experto en temas informáticos y de ciberseguridad, José Adalid Medrano, insiste en la urgencia de un debate nacional y que estas decisiones se tomen desde el Congreso; no desde “un escritorio.”
“Una vez nuestro país decida tomar este camino de mayor vigilancia estatal, cuesta dar un paso atrás. La mera instalación de los chips en los vehículos de forma obligatoria ya es un riesgo para la privacidad”, enfatiza.
“Para que las personas comprendan cómo funciona esta tecnología debemos explicarles que una vez usted instale este chip en su vehículo, el Estado podrá saber que usted pasó por cualquier lugar donde tenga la tecnología instalada para hacer este seguimiento”, advierte.
Medrano considera que hay beneficios con el plan, pero que es pertinente analizar las formas en las que podría afectar a los ciudadanos.
El abogado también cuestiona la rapidez con la que se avanza en la implementación y lo marca como una alerta.
Recursos de amparo
En la última semana, se presentaron dos recursos de amparo ante la Sala Constitucional para frenar el proyecto.
Uno de ellos fue presentado por la diputada, Johana Obando, del partido Liberal Progresista, quien fue la primera en cuestionar el proyecto en la Asamblea Legislativa.
“Solicito ante el INS que frene el proceso de licitación para la compra de dispositivos RFID. Bienvenida la aplicación de la tecnología en los procesos, pero se deben respetar los derechos de los ciudadanos y esta medida podría implicar la violación al art. 24 constitucional”, dijo la legisladora.
“Estamos tranquilos con las consultas, parece muy bien que se hagan ahora antes de que lo vayamos de presentar en noviembre, si es que lo logramos”, respondió la jerarca del INS.
El Gobierno informó que tomó como ejemplo el uso de la tecnología que ya se aplica en países como Panamá y México.
