Gustavo Martinez
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, criticó la iniciativa de los diputados de reducir los recursos que estarían destinados al Ministerio de Seguridad para combatir la criminalidad del país mediante el impuesto de personas jurídicas.
El jueves, la Comisión de Seguridad aprobó el proyecto de ley 23.973 con el que esta cartera recibiría un 15% de los recursos de este impuesto. De este monto, se le otorgaría un 10% al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y un 5% adicional al Ministerio de Justicia.
“La reducción del presupuesto a las sociedades (personas jurídicas) debilitaría aún más nuestro presupuesto y nuestros recursos de lucha contra la criminalidad”.
“Creo que la idea de desvestir un santo para vestir a otro, de quitarle dinero al Ministerio de Seguridad Pública no es la idea correcta. Lamentablemente, de manera reciente, se ha planteado en la Asamblea Legislativa una iniciativa para disminuirnos ese porcentaje de los pocos recursos, que ya de por sí, recibe este ministerio”, señaló Zamora, este jueves en conferencia de prensa.
Jerarca de Seguridad, Mario Zamora, criticó reducción de recursos a su cartera (Gustavo Martínez/El Observador).
El jerarca sostiene que el presupuesto otorgado por el Gobierno de la República de ¢24.000 millones, es insuficiente para atender la situación país, por lo que la reducción en el porcentaje al impuesto afectaría aún más a la institución.
Menos recursos
En un inicio el proyecto “Ley para la eficiencia y transparencia presupuestaria del impuesto a personas jurídicas para fortalecer los recursos dirigidos al sector seguridad”, pretendía destinar un 90% a Seguridad, un 5% al OIJ y otro 5% a Justicia.
La iniciativa se dictaminó de manera positiva y ya estaba en la agenda del Plenario; sin embargo, se le presentaron mociones 137, por lo que volvió a la comisión para la discusión y votación.
Esos porcentajes se variaron a través de la moción, que contó con la firma de diputados de la mayoría de las fracciones.
Con 7 votos a favor se aprobó aumentar en un 10% los recursos a la policía judicial, pasando a 15%, y reducir a Seguridad un 15% del monto por concepto del impuesto, quedando con el 75% del presupuesto.
Ahora Justicia recibiría un 10% de los recursos.
Contrario a la iniciativa votaron los legisladores oficialistas Alexander Barrantes y Jorge Rojas. Adujeron que la Sala Constitucional se lo podría traer abajo al considerarlo inconexo.
Combate a la criminalidad
El dinero se utilizará para la atención del crimen organizado y no para otras situaciones, según queda en claro en el texto del proyecto de ley.
“Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país”, señala la propuesta.
Esta asignación de recursos se presenta luego de una ola de homicidios e incremento de hechos delictivos en el país.
Tal es el caso de la alarmante e histórica cifra de 907 homicidios registrados en 2023, y el aumento considerable en las primeras semanas de 2024.
También se registra el asesinato de dos efectivos de la fuerza pública. El más reciente, ocurrido la madrugada de este jueves 25 de enero, en La Parcelas de Jacó, Garabito, en Puntarenas.
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A la fecha, se presentan cifras alarmantes de homicidios y toma de territorios por parte de organizaciones criminales en sitios de las provincias de Puntarenas y Limón, zonas con alta incidencia de homicidios, narcotráfico y
Esto también ocurre en zonas del Gran Área Metropolitana, en sitios como Linda Vista de la Unión, donde los antisociales amenazaron a los habitantes, comenten actos delictivos, e incluso, cobran peajes para ingresar al sitio.
El impuesto
Los dineros provenientes del impuesto a las personas jurídicas deberán presupuestarse cada año para cada una de las instituciones beneficiarias.
Tanto el Ministerio de Seguridad, el OIJ y el Ministerio de Justicia deberán presentar un informe anual, al cierre del año presupuestario, con el detalle de los gastos y las inversiones realizadas con los recursos provenientes de este impuesto.
Lo deben hacer ante las Comisiones Permanentes Especiales de Seguridad y Narcotráfico, y de Control de Ingreso y del Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.
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