Hermes Solano
La ministra de Educación, Ana Katarina Müller, denunció penalmente a dos exministros del Ministerio de Educación Pública y a un ex oficial mayor.
Así lo dio a conocer el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Los denunciados son la exministra Giselle Cruz y el exministro Steven González, quienes fueron parte de la Administración Alvarado Quesada.
También se denunció a Wilbert Ching Sojo, el ex oficial mayor del MEP.
La denuncia se presentó ante la Fiscalía “por irregularidades en los contratos de alquiler” de los edificios que ocupa u ocupaba el Ministerio de Educación.
Según Chaves, esta es la primera denuncia, pero no será la única. Aseguró que el próximo lunes estarían presentando otras ante las autoridades judiciales.
“Adiós” a contratos
En medio de la presentación de la denuncia, el mandatario dio a conocer que rescindieron contratos de alquiler en el MEP.
Uno de ellos que manejaba un Fidecomiso BCT en el que se pagaban ¢376 millones anuales. Ese contrato llega hasta el 1 de agosto.
Según Chaves , ya informaron a los dueños del edificio Raventós que no se va a prorrogar el contrato existente más allá de este 2022.
“El MEP paga ¢1.100 millones por año de alquiler. Ese contrato se acabó”, indicó.
Además, habló que se está trabajando en el cese del contrato de alquiler con otro edificio del que prefirió reservarse el nombre.
“Nos vamos a ahorrar casi ¢3.000 millones al año por esos tres edificios”, agregó.
Todas las personas que trabajaban en esos lugares serán trasladadas a un edificio que pertenece al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y que actualmente está desocupado.
En direcciones regionales
Otra de las decisiones tomadas por el ministerio de Educación es el de rescindir la mayoría de contratos de alquiler donde se ubicaban direcciones regionales.
En total se alquilan 82 edificios fuera del Gran Área Metropolitana y rescindirán 50 de esos contratos. El personal será reubicado en aulas u oficinas del MEP de cada lugar.
“Nos vamos a ahorrar ¢1.400 millones . Ese es el primer paso”, indicó Chaves, quien reafirmó que seguirán evaluando el tema de los alquileres del Estado.
