Paula Ruiz
Un total de 245 personas entre ellas, docentes y personal administrativo fueron denunciadas por acoso sexual en 2022, informó el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Esto conlleva a la aplicación de la Ley 9999 que busca la revictimización de estudiantes que interponen denuncias de este tipo.
De esta manera, los educadores son reubicados de inmediato, principalmente en direcciones regionales del MEP.
Sofía Ramírez, viceministra de Educación, detalló que algunos se encuentran en proceso de trámite de despido pero, el grueso de denuncias han sido calificadas como absueltas.
“Esa Ley fue hecha para evitar la revictimización sobre todo de un niño o niña que denuncia alguna situación y por la cual no se puede hacer una investigación preliminar, la ley lo que pretende es que donde hay una acusación se traslada a la persona mientras se hace la investigación”, explicó Anna Katharina Müller, ministra de Educación.
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Sindicatos del sector educación han externado su preocupación por lo que ellos considera, la ausencia del debido proceso.
“Entre las principales observaciones hechas a la ley 9.999, destaca la vulneración del principio de presunción de inocencia, que resulta atropellado por el procedimiento que establece dicha legislación”, informó APSE con anterioridad.
Posibles cambios
La diputada Sonia Rojas de Liberación Nacional informó que se planea presentar un proyecto de ley para reformar esta legislación.
El único interés es garantizar el debido proceso y que ello incluya una investigación antes de hacer el traslado del personal.
Rojas informó con anterioridad que la iniciativa se presentaría en enero aunque todavía el texto no está en la corriente legislativa.
Asimismo, Müller destacó que se ha conversado con sindicatos y diputados, para que estos procesos de investigación se realicen más rápido.
En tanto, Ramírez apuntó a que en la actualidad, esa celeridad depende de la prueba que se recaba y las condiciones en que se presenta la denuncia.
Adicionalmente, la ministra de Educación apuntó a que debería incluirse un castigo para quien haga un mal uso de la Ley.
“Están preocupados de quienes llegan y denuncian a un docente sin tener evidencia y cometen el delito de acusar a una persona inocente, incluso sabiendo que es inocente, para eso debe contemplarse el castigo para quien utilice eso para perjudicar a un docente o un administrativo”, consideró Müller.
De esta manera, no se buscaría eliminar el acompañamiento a la persona menor de edad que presenta la denuncia ni su desprotección.
Actualmente, la planilla del MEP contempla a 4.220 personas en puestos de administrativo docente, 58.000 profesores y 2.964 técnicos docentes, además de 16.236 administrativos.
A partir de este lunes, 1.156.052 estudiantes regresaron a clases en 5.235 centros educativos.
Anna Katharina Müller, ministra de Educación destacó que la Ley busca evitar la revictimización aunque, considera que también deben establecerse castigos para quienes utilizan la legislación sabiendo que la persona por denunciar es inocente.
