Paula Ruiz
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) defendió la solicitud del consentimiento informado que otorga acceso a datos sensibles para el trámite de pasaporte.
Esto, tras la denuncia de Francisco Perdomo, líder del Partido Unión Liberal quien reclamó que para la entrega de este documento, lo obligaron a firmar el consentimiento informado.
De acuerdo con Johnny Marín, asesor jurídico de Migración esos datos sensibles son requeridos para hacer el pasaporte.
Defendió que existen tres tipos de datos:
- Los de acceso irrestricto: que son los contenidos en las bases de datos públicas, por ejemplo las bases de registro civil donde consta el nombre, número de cédula y datos generales.
- Datos de acceso restringido: identifican de manera particular al usuario o propietario de la información como número de teléfono y dirección.
- Datos sensibles: refiere a aspectos como la huella digital y la fotografía.
Ante esto, dijo que la huella y la fotografía, incluso aspectos de identificación facial son necesarios, razón por la cual requieren del consentimiento.
Por su parte, Rosibel Vargas, gestora de Migraciones defendió que con respecto a datos como número de teléfono son requeridos para informarle al solicitante con respecto del trámite.
“Esta base de datos donde quedan los datos que hemos solicitado como es el correo electrónico, el celular y la dirección de su casa, es porque la necesitamos, la requerimos, no para compartirla con nadie sino para que reciba nuestra información”, defendió.
“Mandamos mediante mensaje de texto por ejemplo que hizo un trámite exitoso en Migración de Dirección y Extranjería, o que le fue rechazada la solicitud”, ejemplificó.
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¿Desde cuando se solicita?
Migración especificó que el documento de consentimiento informado se solicita desde el 7 de marzo de 2022, cuando arrancaron con el proyecto de pasaporte biométrico.
Dinorah Baltodano, subdirectora de Migración manifestó que esto está alineado a normas internacionales.
Aunque, detalló que es información que se viene recopilando desde 1940, pero se integró desde el año pasado con lo que establece la Ley de Protección de Datos sobre consentimiento informado.
Según Baltodano, esto les ha permitido ir a la casa de habitación de una persona a entregar el documento, después de no ser localizada por otras vías.
“Pero, ya tenemos el consentimiento informado de ir a entregar el documento o bien, hacer uso del número telefónico para informarle que debe volver a presentarse o bien, que se está venciendo y debe renovarlo”, dijo.
De esta manera, ese consentimiento se continuará solicitando a quienes deseen obtener el pasaporte.
Según el asesor jurídico, Migración y Extranjería está en la obligación de acatar normas jurídicas que regulan los servicios públicas, en este caso, el pasaporte y la información personal requerida para efectos del trámite.
La institución defendió que los datos solicitados se regulan por normas internacionales necesarios para verificar que el solicitante es costarricense y, para que en el extranjero se tenga garantía de que el portador del documento es la misma persona.
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¿Libre y voluntario?
Palomo expuso mediante un video en Instagram su malestar porque lo obligaron a firmar el consentimiento informado a cambio de la entrega del pasaporte.
Explicó que pese a indicarse que es de manera libre y voluntaria, en su caso no fue así porque pese a firmar bajo protesta, esto no le fue aceptado.
El solicitante señaló que de esta forma, se está otorgando autorización al Gobierno para que puedan acceder de forma irrestricta a datos personales, datos restringidos o sensibles.
“Dicen que es de manera voluntaria, pero si uno firma aquí abajo bajo protesta, Migración rechaza el documento y no entrega el pasaporte”, expuso.
“Tuve que volver a firmarlo sin ninguna leyenda para que puedan darme el pasaporte, esto es un atropello y atropello contra libertad”, continuó Perdomo.
A su criterio, cada persona tiene derecho a que el Gobierno no tenga este acceso a datos personales.
Al respecto, Marín aseguró que la palabra voluntaria se refiere a que nadie obliga a las personas a sacar el pasaporte y que, en caso de querer hacerlo, debe cumplir con requisitos y procedimientos previamente establecidos.
Perdomo es claro en que esto se trata de una coacción ya que, quien no firme, no obtiene el documento de viaje.
Ante esto, procedió a presentar un recurso de amparo este miércoles pues considera que es una medida inconstitucional e ilegal.
“Esperemos que lo resuelvan en forma positiva para el bien de nuestra democracia y nuestra libertad”, continuó.
