Tomás Gómez
La Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico recibirá este jueves a la Ministra de Justicia, Fiorella Salazar, para actualizar el tema de las tobilleras electrónicas.
Según la convocatoria, Salazar debe explicar los resultados del plan de tobilleras y los avances para su licitación internacional.
Los integrantes de la comisión señalan que las quejas por el monitoreo llevan largo tiempo y no presentan respuestas.
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“Espero que la ministra asuma su responsabilidad, aclare todas las inconsistencias y nos diga cómo se va a resolver esto de una vez por todas”, dijo la restauracionista Floria Segreda.
“Estamos ante un caso de corrupción. Se ha faltado al cumplimiento del deber, ya que el Ministerio y los concesionarios han sido absolutamente negligentes”, agregó.
“Esperamos aclare todas las dudas generadas con la implementación de la ley N°9271 y los mecanismos electrónicos de seguimiento penal así cómo la licitación internacional para adjudicar el servicio”, agregó, por su parte, el independiente Harllan Hoepelman.
Más dudas por las tobilleras
El llamado a la Ministra Salazar llega en un momento donde la cartera corre para renovar el polémico contrato de tobilleras con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Dicho contrato ha recibido diversos cuestionamientos e incluso se investiga en la vía judicial. Su ejecución además ha estado marcada por deficiencias pero Justicia insiste en que hay mejoras y por ello pidió autorización a Contraloría para prorrogarlo por 2 años.
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La medida generó reacciones en la Asamblea, donde la propia diputada Segreda pidió una investigación de la Fiscalía contra la Ministra Salazar.
También reaccionó el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, quien pidió intervención del presidente Carlos Alvarado ante las dudas que genera el caso.
Contraloría marcó la cancha
Al proceso judicial y las críticas legislativas por el tema de tobilleras se sumó esta semana una nueva auditoría de la Contraloría.
La Gerente de Servicios Públicos de la CGR, Falon Arias, detalló como principales señalamientos:
- Alertas sin atender: 907.956 alertas quedaron abiertas en apenas 5 meses.
- Retrasos: las alertas atendidas tienen debilidades como la rapidez de seguimiento.
- Descoordinación: el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial no tenían comunicación fluida en caso de problemas. Tampoco hay buen vínculo con autoridades policiales.
- Registros erróneos: la gestión de datos es débil y no permite asegurar la calidad de la información.
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Para sus conclusiones, el ente contralor revisó los resultados de la Unidad de Monitoreo Electrónico desde enero del 2018 hasta mayo pasado.
La CGR exigió nueva documentación para renovar el vínculo con la ESPH e insistió en que se debe trabajar un cronograma para una solución integral, la cual pasa por una licitación internacional.
