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Fiscalía Anticorrupción analiza denuncia contra Ministra de Justicia por tobilleras

El Ministerio Público confirmó que envió a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), la denuncia contra la…

Por Tomás Gómez

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Fiscalía Anticorrupción analiza denuncia contra Ministra de Justicia por tobilleras
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El Ministerio Público confirmó que envió a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), la denuncia contra la Ministra de Justicia por el tema de tobilleras.

La acción fue interpuesta por la diputada evangélica Floria Segreda contra la jerarca actual, Fiorella Salazar, quien impulsa una renovación del contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Segreda explicó que las investigaciones han sido escuetas respecto al personal de Justicia.

“He solicitado ampliar la denuncia e incorporar a la investigación a los funcionarios
del Ministerio de Justicia y Paz involucrados en este proceso, comenzando por la
ministra Salazar Rojas”, planteó.

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El reclamo llegó el viernes a la Fiscalía General, que reenvió el caso a la FAPTA para su análisis.

“Este se encuentra en valoración por parte de dicha Fiscalía, para determinar el trámite que corresponda; por lo anterior, esta es toda la información que se puede brindar por el momento”, señaló el ente judicial.

Dos años más para cuestionado negocio de tobilleras

A las puertas de vencerse el contrato entre Justicia y la ESPH para el monitoreo de tobilleras, el Ministerio corre para que la Contraloría permita una prórroga de al menos dos años.

Pese a las múltiples críticas al servicio, que incluso requirieron intervención de Presidencia, el ministerio, asegura que hay mejoras.

Detrás del contrato, sin embargo, se acumulan dudas políticas y judiciales.

El monitoreo electrónico se impulsó en la gestión de Luis Guillermo Solís y originalmente se pagaría con un préstamo del BID. Al cambiar a la Ministra de Justicia y llegar al cargo Cecilia Sánchez, se optó por financiarlo con presupuesto nacional.

El sistema permitió una contratación directa entre entes públicos -más rápida y con menos regulaciones- a la que se prestaron RACSA y la ESPH, que resultó ganadora.

La decisión generó polémica desde el inicio pues la ESPH debería recurrir a una importante subcontratación.

Además, desde el 2018 el caso de las tobilleras escaló en la Fiscalía bajo el expediente 18-000094-1218-PE por el supuesto delito de tráfico de influencias.

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En la causa ya fueron imputados:

  • Celso Gamboa: exministro de Seguridad y exmagistrado
  • Victor Hugo Víquez: exdiputado por Heredia (2010-2014)
  • Allan Benavides: gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia
  • Juan David Rothe: empresario
  • Gerard Schalk van Andel: empresario
Hasta setiembre anterior, el monitoreo con tobilleras contratado a la ESPH ya le había costado más de $24 millones al Ministerio de Justicia (MJP)