Tomás Gómez
El combate a los préstamos “gota a gota” requiere, sí o sí, de reformas legales.
Este precepto ya ha sido advertido por varios expertos, teniendo en cuenta que este sistema de financiamiento y sus prácticas violentas, como tales, no llegan a constituir un delito en Costa Rica.
También se ha señalado que la llamada “Ley de Usura”, aprobada por la anterior Asamblea Legislativa, provocó una exclusión financiera significativa. Dado que las necesidades siguen existiendo, estas personas quedan más vulnerables a tener que recurrir al mercado paralelo con sus respectivos riesgos.
A estas voces se suma ahora el ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien ha sido enfático en señalar el impacto que los préstamos “gota a gota” acarrean para el país.
Teniendo en cuenta las propuestas que se analizan al respecto en Cuesta de Moras, Zamora se mostró optimista y, al mismo tiempo, resaltó la responsabilidad que tendrá el Congreso.
“Debo decir que está avanzando una legislación importante en la Asamblea Legislativa en contra de los préstamos ‘gota a gota'”, dijo el jerarca.
“Esta es la gran herramienta que requiere este país para luchar contra este tipo de prácticas que generan esclavitud patrimonial. Entonces, estoy muy esperanzado de que pronto nuestra Asamblea Legislativa pueda aprobar esa legislación y contar con las leyes necesarias y suficientes para enfrentar este fenómeno”, añadió.
Su diagnóstico también abordó el tema del acceso al crédito. Según su análisis, el fenómeno se relaciona lamentablemente con un número importante de personas a las cuales no les es posible acceder a créditos a través del sistema formal, y desafortunadamente, eso los expone a este tipo de situaciones.
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El Ministro de Seguridad, Mario Zamora, ha explicado en varias ocasiones que el fenómeno del “gota a gota” estaba incidiendo directamente en la criminalidad. Según su análisis, el fenómeno del sicariato develó como el fenómeno estaba en auge (Captura de pantalla)
Menú de posibles leyes contra el “gota a gota”
La seguridad es un problema multicausal. Así lo refleja el menú de posibles soluciones que han planteado los diputados contra los riegos del “gota a gota”.
En la corriente legislativa están vigentes 4 proyectos:
Desde diversas bancadas, coinciden en la necesidad de impulsar esta agenda y hacerlo de forma prioritaria.
La diputada del PUSC Daniela Rojas, explicó que los que están más avanzados son el de Microcréditos y el que crea el delito de la usura extorsiva.
Al respecto, defendió también que por el contexto debería apurarse la discusión. “Este Plenario debería darle una vía rápida; o buscar qué vía se le puede dar a estos proyectos ante la coyuntura de seguridad que está viviendo el país y que esto es uno de los agravantes”, afirmó.
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Gloria Navas, de Nueva República, mostró más optimismo y aseguró que los resultados estarían pronto.
“El trámite va viento en popa. Esperamos que sea Ley de la República en un tiempo récord, por la necesidad que existe de sancionar este tipo de delitos”, dijo.
El tema del “gota a gota” no es delito pero sí se analizan algunos tipos de violencia asociados a sus cobranza. Según la estadística del OIJ, de cada 3 denuncias por extorsión, una tiene que ver con este tipo de préstamos (Archivo)
Más apoyo legislativo
En la Comisión de Seguridad también le ponen la lupa a las iniciativas y destacan la necesidad de regulaciones que tengan incidencia.
“Tanto el Ministro cómo la Comisión estamos sumamente urgidos; con una prioridad total hacia el proyecto del “gota a gota””, sumó el liberacionista Gilberth Jiménez.
El oficialista Alexander Barrantes enlistó ejes como la necesidad de castigar la violencia derivada de los préstamos, la posibilidad de expulsar del país a extranjeros ligados a la actividad ilegal y el mejoramiento de las condiciones bancarias para acceder a los créditos, incluyendo los de menores montos.
“Estoy de acuerdo en modificar nuestras leyes para endurecer las penas y erradicar completamente este tipo de prácticas en nuestro país”, comentó.
Finalmente el liberal Gilberto Campos apuntó que se debe cuidar que los proyectos logren las metas que propusieron.
“Es necesario analizar profundamente el efecto que esto puede tener para garantizar que efectivamente se cumpla el objetivo; que es enfrentar este tipo de acciones que va en detrimento de nuestra sociedad.”, afirmó.
Los exdiputados David Gourzong (Liberación Nacional) y Welmer Ramos (PAC) fueron los principales promotores de la “Ley de Usura”. Ahora que la advertida exclusión financiera de la iniciativa se materializó y se alimentó a la industria del “gota a gota”, la Asamblea Legislativa corre para enmendar el panorama (Asamblea Legislativa).
Un mensaje para los delincuentes
Desde la óptica experta también coinciden en la necesidad de abordar desde lo legal el combate a los préstamos “gota a gota”.
“Debemos diseñar un buen tratamiento tanto judicial cómo policial para que ataquemos en directo a estos personajes”, expone Álvaro Ramos, analista de seguridad. En su caso, retoma la preocupación por la exclusión financiera, que ha generado miles de potenciales “clientes” para los esquemas informales.
“Deberíamos hacer una ley general en la que todos los préstamos que se consideren “gota a gota” queda excluída y no se debe pagar”, propuso directamente. Al respecto aduce que más allá de la una declaración también daría un mensaje político clave.
Paralelo a ello, detalla el trasfondo ilegal que acompaña los recursos que sostienen los préstamos “gota a gota”. En muchos casos, estos se asocian a narcotráfico, trata o lavado puro.
“Todo eso corresponde a crimen organizado, eso no es una ningún tipo de función crediticia ni mucho menos. No es más que una máscara de las muchas que tiene el crimen organizado, en este caso muy clara”, dijo.
Con ese escenario, sostiene que se debe tratar el tema como crimen organizado para aprovechar las herramientas legales ampliadas que recientemente aprobó el país para tratar este tipo de casos.
Las alertas por los esquemas “gota a gota” incrementaron en las últimas semanas cuando el presidente salvadoreño Nayib Bukele expulsó del país a los extranjeros que se dedicaban al negocio. Los analistas coinciden en la posibilidad de esas expulsiones y a la vez recomiendan acciones para abordar a los nacionales que también estén en la actividad (AFP)
