Tomás Gómez
“Denotamos que la ley ha tenido un efecto positivo. Lo que se sucede es que ha tenido un efecto positivo en la gente que es bancable”. No ocurre lo mismo con otro segmento de la población que quedó fuera del sistema financiero formal y que podría calificarse como de mayor riesgo.
Así comienza el diagnóstico de la superintendente de Entidades Financieras , Rocío Aguilar, sobre los efectos de la llamada “Tasa de usura”.
El tema cobró relevancia en los últimos días por la exclusión que ha generado de personas del sistema formal, que ante esta situación se ve más vulnerable a los préstamos “gota a gota” y sus riesgos de seguridad.
“El problema es que excluyó a gente que ya no es bancarizable. Y es básicamente el tema al que nosotros decimos hay que prestarle atención”, suma la jerarca.
Desde la óptica de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el efecto de la “Tasa de usura” se ve desde lo financiero, pues desde afuera llegan alertas.
“Nosotros lo vemos desde la perspectiva del acceso al crédito, lo que diferentes informes internacionales han llamado la atención al país, entonces estamos trabajando en otras áreas de acción”, dijo Aguilar.
“No criticamos lo positivo, sino el daño colateral que el tope puso, sobre todo a un segmento de la población que normalmente puede representar más riesgo”, continuó.
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En la misma línea, Aguilar resaltó que se evalúan posibles soluciones. Como ejemplo mencionó contar con una base centralizada y universal de información crediticia, donde se pudiera abordar sobre todo a personas que tienen más problemas y que permitiera impulsar los trámites de préstamos.
La jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, ha explicado a los diputados la necesidad de hacer ajustes a la “Ley de Usura” para actuar ante la exclusión que ha traído. ( Cortesía Asamblea Legislativa)
Advertencias de la “Tasa de usura” se hicieron realidad
El proyecto para modificar artificialmente los topes de intereses se movió en la Administración de Carlos Alvarado. Sus principales impulsores fueron los exdiputados Welmer Ramos (PAC) y David Gourzong (PLN).
Durante el debate diversos expertos y entes técnicos, incluyendo a la Sugef, advirtieron de posibles consecuencias negativas; entre ellos estaba la exclusión financiera. Solo en los primeros 14 meses, la normativa dejó sin tarjetas de crédito a 180.000 personas, según datos del Banco Central.
Organizaciones como la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Ascomi) han insistido por su parte en que no solo no se mejoraron las condiciones crediticias sino que se lanzó a miles de personas a los riesgos del mercado paralelo.
Ahí, los métodos del cobro “gota a gota” se agravan. Datos del OIJ muestran que actualmente 1 de cada 3 denuncias de extorsiones tiene que ver con ello, aunque el problema podría ser peor.
“El porcentaje de reporte de estas amenazas y agresiones en instancias judiciales son mínimos ante el temor a represalias. Estamos verdaderamente ante una situación catastrófica para las poblaciones más vulnerables”, sostuvo la vicepresidenta de la Ascomi, Mónica Navarro.
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Incluso el Ministro de Seguridad, Mario Zamora, ha advertido sobre el desarrollo que ha tenido tal línea criminal.
“Estas nuevas fenomenologías criminales en donde los grupos se están extendiendo no solo en sus actividades criminales tradicionales, sino ejerciendo estos nuevos fenómenos que generan esclavitud patrimonial en un sector de la población; sobre todo el que no tiene acceso a préstamos representan y comportan retos respecto a la acción policial”, detalló semanas atrás.
De momento, el combate a los problemas de exclusión financiera y la violencia del “gota a gota” suma cuatro proyectos de ley; que intentarían enmendar el escenario.
