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Morosidad en deudas del sector agrícola se disparó en últimos 2 años

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El atraso en las cuotas o la imposibilidad total para honrar deudas en el sistema financiero se suman al abanico de problemas que ya agobian al sector agrícola costarricense.

Problemas principalmente asociados al fenómeno del Niño, como menores lluvias en el Caribe, así como dificultades para conseguir algunos agroquímicos y una caída en los precios internacionales de la piña y el banano -principales exportaciones agrícolas-, son solo algunos de los motivos que ha sumido al sector en uno de sus peores momentos.

De acuerdo con datos de la Superintendencia General de Entidades Financiers (Sugef), con corte a abril pasado, la morosidad en las carteras de préstamos del sector agrícola pasó de un 2,4% en abril del 2017, a un 5,9% en 2019. Es decir, se multiplicó por 2,5 en un periodo de 24 meses.

Este indicador incluye tanto las operaciones con retraso en el pago mayor a 90 días, como las operaciones que están en cobro judicial.

En total son 34 las entidades financieras reguladas que tienen carteras activas de crédito para el sector agrícola; entre ellas 13 bancos y 16 cooperativas.

Banca estatal, donde deben más

En abril pasado los dos bancos estatales, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, fueron las únicas entidades bancarias que mostraron un indicador de morosidad total que alcanzó el 3%. Esta cifra se considera todavía un nivel normal, aunque arriesgado.

Pero si se calcula el indicador únicamente para las carteras de préstamos del sector agrícola, todas las alarmas se encienden en los bancos públicos, incluidos los dos estatales.

De acuerdo con los datos de Sugef, en abril pasado había 6 entidades cuya morosidad en las carteras de Agricultura superaban los niveles considerados adecuados: 

Esto tiene su origen en que los bancos BCR y Nacional también engloban la mitad de todo el monto otorgado para la agricultura por el sector financiero. Juntos tienen una cartera total que supera ¢318.885 millones.

Paradójicamente, el Gobierno emitió el pasado 21 de mayo la directriz Nº 049-MAG-MCEE en la que instruyó a ambos bancos del Estado a ofrecer alternativas a las personas del sector agropecuario y pesquero cuya capacidad de pago se ha visto afectada por situaciones climáticas o biológicas.

La directriz plantea diferentes alternativas de arreglo para honrar las obligaciones financieras, como el pago parcial de cuotas, prórroga para el pago del capital, extensión de plazos, implementación de periodos de gracia, mejoras en tasa de interés para quienes apliquen y según la entidad, financiamiento de avalúos, seguros, gastos legales y otros asociados al proceso de adecuación, financiamiento adicional de capital de trabajo o inversiones urgentes.

Estas acciones, aunque apuntan a regularizar las operaciones de personas y empresas afectadas, pueden hacer incurrir a los bancos en costos adicionales.

La petición se hizo extensiva a los otros bancos, en especial a los que participan del Sistema de Banca para el Desarrollo; empero, no tienen obligación alguna para cumplirlo.

Del lado de los agricultores, el sector no solo resiente los problemas para pagar, sino que denuncia puertas cerradas para acceder a mayor financiamiento.

Sector duramente golpeado

Según datos del Banco Central, la actividad agropecuaria se contrajo en marzo por sexto mes consecutivo, pero el problema es más profundo, pues la desaceleración del sector ya cumplió 15 meses consecutivos. 

Desde marzo del 2018, la actividad agrícola registra variaciones por debajo del IMAE, el indicador que engloba las variaciones en la actividad de todos los sectores.

Los productos que muestran una disminución más fuerte son banano, piña, café, melón y chayote. Pero según la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), también se empieza a notar una tendencia a la baja en productos como flores y capullos, piña orgánica, semillas de plantas herbáceas, ñame y hortalizas frescas o refrigeradas; debido en gran parte al efecto de los fenómenos climatológicos.


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