Josué Alvarado
Algunos servicios de la Municipalidad de Belén, en Heredia, siguen fuera de funcionamiento debido al ataque informático que sufrió el municipio el pasado 11 de octubre.
Para este 10 de diciembre, es decir, dos meses después, la municipalidad todavía no ha podido generar las facturas de agua, recolección de basura, limpieza de vías y mantenimiento de parques de los meses de octubre y noviembre.
Además, como se habilitó un canal para que los ciudadanos enviaran comprobantes de pago aproximados del consumo de estos servicios durante los meses en cuestión, la institución todavía está aplicando esa información a la base.
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Por otro lado, la página web sigue sin funcionar, por lo que por ahora los ciudadanos no podrán conocer el monto de los servicios públicos que adeudan.
Esta semana la Municipalidad de Belén informó a través de sus redes sociales que ya inició con el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles, Patentes y el Cementerio.
Las cancelaciones se pueden hacer tanto en el Banco de Costa Rica (BCR) como en la Mutual Alajuela La Vivienda.
El Observador solicitó una entrevista con algún vocero de este municipio para profundizar sobre el avance de la atención de la emergencia, sin embargo para el cierre de esta nota no hubo respuesta.
El ataque cibernético contra los sistemas del municipio se registró el 11 de octubre, según datos de la Contraloría General de la República (CGR).
Debilitado el grupo país para atender los ciberataques
Un reciente informe elaborado por la CGR encontró falencias en el equipo conformado por el actual Gobierno para atender los ataques cibernéticos contra el sector público.
La Sala de Análisis de Situación Nacional (SASN), como se le llamó, perdió fuerza, dejó de sesionar y recibe críticas desde distintos sectores.
Esto pese a que han seguido ocurriendo ataques, como por ejemplo contra la Municipalidad de Belén o el compromiso que se detectó en las cuentas de algunos funcionarios del Ministerio de Salud.
El informe concluye de forma parcial que no existe una coordinación oportuna en el seno de esa sala para atender la emergencia nacional (así declarado vía decreto presidencial desde el primer día de Gobierno: el 8 de mayo).
“Esta sala se mantuvo inactiva desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto del año en curso, y para los meses siguientes, la frecuencia en las sesiones de trabajo efectuadas han disminuido y no han presentado una periodicidad”, señala el informe de auditoría especial DFOE-SOS-RF-00003-2022.
