Juan Pablo Arias
Pese a que fueron ellos quienes propusieron la ley para imponer un tope arbitrario a las tasas de interés, ahora los diputados Welmer Ramos y David Gourzong buscan reformar el plan para levantar por lo menos dos de los requisitos que crearon.
Se trata del proyecto de ley 22.109, presentado el 24 de julio pasado, para levantar la obligación a las asociaciones solidaristas de consultar el Centro de Información Crediticia (CIC) antes de gestionar un préstamo. También permitiría otorgar crédito a personas aunque se comprometa el salario mínimo inembargable.
Según la exposición de motivos del proyecto, una vez que entró en vigor la reforma que puso tope a las tasa de interés se dieron cuenta que los requisitos que crearon imposibilitan a las asociaciones solidaristas a mantener el modelo de créditos con el que han operado hasta la fecha.
El inconveniente surge porque al menos 1.400 asociaciones -y un número similar de otros prestamistas- no tienen acceso a la plataforma de consulta del CIC que administra la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
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“El problema que presenta la Ley está en que por la naturaleza de las operaciones que lleva a cabo, es imposible de cumplir para las asociaciones solidaristas y pone a Sugef en una posición complicada desde el punto de supervisión prudencial”, cita el proyecto de ley.
Por la premura con que se gestionó la reforma, la plataforma tecnológica del CIC no está preparada todavía para tramitar el volumen de consultas que se generarían en el país por día, lo que ha frenado el otorgamiento de préstamos en muchos entes no regulados, como: asociaciones solidaristas, cooperativas pequeñas y cajas de ahorro, entre otros.
Este problema no está pronto a resolverse. “(Sugef) tendría que ‘crear’ los registros para 1.400 asociaciones solidaristas, 1.400 prestamistas informales y unas 200 cooperativas de ahorro y crédito que no son supervisadas. Eso va a implicar un trabajo intenso por espacio de algunas semanas”, explicó Bernardo Alfaro, superintendente de Entidades Financieras.
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Salario inembargable
El nuevo proyecto de los diputados Ramos y Gourzong también permitiría que las asociaciones solidaristas otorguen créditos, aunque se comprometa el salario mínimo inembargable, que en la actualidad ronda los ¢200.000.
La reforma que creó el tope a los intereses también prohibió dar crédito a las personas que tengan un ingreso neto mínimo por debajo de ese monto. Esta limitación ha encendido alertas en el sistema financiero pues expulsa a las personas de menores ingresos del crédito formal.
Para enmendarlo parcialmente, los dos diputados proponen excluir de la ley únicamente a los solidaristas de la obligación, pese a que otras entidades como las cooperativas y la Caja de Ande han expuesto la misma preocupación de que muchos de sus asociados quedarán sin acceso a los créditos.
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